El año pasado, en una decisión incomprensible, la Provincia sancionó una ley mediante la cual dispone de los fondos de estos dos subsidios para darles un destino distinto a lo que establece la normativa nacional. Hubo un conflicto de poderes debido a la falta de rendición de esos dineros y la Nación dejó de enviar esos dineros.

Como correlato, los choferes dejaron de percibir una suma importante de su sueldo y el conflicto tomó los carriles lógicos, aunque no fuesen queridos: los sucesivos paros del transporte.

La semana pasada, quienes se movilizan en el transporte público debieron movilizarse por otros medios, pero quienes estaban imposibilitados de hacerlo, quedaron literalmente a pie. El paro fue total y no se cumplió ni siquiera con el esquema de emergencia.

Hoy habrá una reunión en la Secretaría de Transporte de la Nación para intentar destrabar el tema, pero por la tesitura que llevaba la ministra de Transporte, María José Scivetti, difícilmente se arribe a una solución. Antes del último paro entre los delegados de la UTA y el organismo nacional hubo un principio de acuerdo: que el dinero -inter se expidiera la justicia- fuera girado directamente a las empresas o se depositara directamente a los trabajadores en sus cuentas. Pero el gobierno de Alberto Rodríguez Saá se negó, porque quiere que se expida la Corte Suprema en una presentación que hicieron al efecto.

Si bien el Procurador General ya emitió un dictamen contrariando la posición de San Luis, que si bien no es vinculante para lo que resuelva el máximo tribunal, marca un lineamiento del que en general la Corte no se aparta.

Ayer eligieron -metafórica o literalmente- hacer "una sentada" para que les den la razón y hoy se buscará nuevamente acercar las posiciones.

De la intransigencia o la voluntad negociadora del gobierno de Rodríguez Saá dependerá que desde el lunes haya o no paro del transporte urbano e interurbano en la provincia.