La concejal del Frente para la Victoria (FPV) de Lanús Graciela Lizarraga defendió las modificaciones hechas al código de planificación urbana, las cuales fueron aprobadas en la última sesión ordinaria en medio de los reproches de la oposición, no sólo por los cambios introducidos sino también por la reunión de una comisión de la cual algunos denunciaron que no fueron informados.

En medio de esta polémica, acompañada por las acusaciones cruzadas entre oficialistas y opositores, valoró positivamente los cambios introducidos y destacó que fueron hechos para actualizar una normativa vigente desde el año 1960, copiada de un modelo para la Ciudad, escasamente adaptada a la realidad de la comuna.

“Donde más nos afecta el problema por el tema de las construcciones es en la zona céntrica porque la verdad es que éste es un código muy viejo, es del año 60, está copiado de la Capital Federal aunque con algunas modificaciones pequeñas, pero no está adecuado a la realidad del distrito, y esa es la intención con estos cambios”, justificó en diálogo con Info Región.

Entre las características de esta nueva regulación recalcó la obligación que tendrán los edificios del centro lanusense de contar con cocheras propias, medida que busca ayudar a descomprimir el caos vehicular de la zona, la más transitada y habitada de todo el distrito.

Asimismo, insistió en que a partir de ahora serán los “profesionales” quienes deberán tramitar las correspondientes autorizaciones para el inicio de obra ante la Municipalidad, y que una vez iniciadas las construcciones se llevarán a cabo una serie de cuatro inspecciones para ver cómo evolucionan estas.

La quinta inspección será la última y, si todo está en orden, ahí se autorizará el “final de la obra”.

Uno de los puntos más polémicos, tanto en el pasado como probablemente en un futuro, es el correspondiente a las alturas: a partir de ahora, los edificios del casco céntrico –estación de trenes y sus alrededores- podrán tener una altura máxima de ocho pisos, la cual puede crecer en otras zonas.

Así, en Remedios de Escalada y Valentín Alsina, por ejemplo, los inmuebles medirán hasta nueve y diez pisos, según la envergadura de la obra.

“Este Código queda abierto para que cualquier profesional u otras fuerzas que quieran aportar algún cambio puedan hacerlo, estamos dispuestos al diálogo siempre y cuando sea a favor de los vecinos”, señaló.

A las denuncias de algunos miembros de la oposición sobre que con los cambios es el jefe comunal Darío Díaz Pérez quien pasa a tener la última palabra a la hora de autorizar una obra o una modificación en alguna construcción, Lizzarraga contrarrestó afirmando que los futuros cambios deberán pasara “por el Concejo Deliberante”, donde se dará la última palabra al respecto.

En ese sentido, resaltó que la responsabilidad para dichas modificaciones será del cuerpo de ediles en general, no solamente del Ejecutivo local.

Pese a que opinó que el FPV es “amplio” al momento de entablar conversaciones sobre determinados temas y que respetarán las opiniones diferentes a las suyas, consideró que “no corresponde hablar de esa manera”, cuestionando las funciones que a partir de ahora pasen por manos del Intendente.

“Estamos muy conformes con estas modificaciones del Código, nosotros vamos a tirar para adelante y el que tenga intención de poner palos en la rueda que lo piense, que esto no es así como ellos creen sino que es a favor de los vecinos, por eso estamos dispuestos al diálogo para cuando quieran”, finalizó.