Un nuevo conflicto por la tierra se debate en los tribunales de esta ciudad y una de las partes remitió una nota al gobernador electo, Carlos Soria, mediante la cual le informa que allí no podrá instalarse la ciudad judicial proyectada, pues la titularidad del predio no estaría resuelta.

El terreno totaliza 109 hectáreas y se ubica entre las avenidas Esandi y Las Victorias. Según estimaciones inmobiliarias su valor como loteo superaría los 10 millones de dólares.

El predio en disputa habría pertenecido en su momento a Domingo Di Tullio, titular de Urbanizadora del Este S.A., el cual compró por intermedio de Guillermo Jesús Mansilla, en carácter de mandatario. En ese entonces el equipo de trabajo también los integraron Juan Manuel Valcarcel y Eugenio Holmberg, entre otros. Mansilla falleció en marzo de 1995 y con posterioridad el predio fue escriturado a nombre de Valcarcel.

En la nota al electo gobernador Soria, Domingo Di Tulio, resume las razones por las cuales el predio de 109 hectáreas le pertenecería y también hace referencia a irregularidades que se habrían cometido en la justicia. Por consiguiente, solicita que durante su gobierno no avance el proyecto para instalar la ciudad judicial en dicho lugar.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado Valcarcel cedió al municipio local 5 hectáreas de esas tierras, a cuenta de la futura reserva fiscal, y el municipio por su parte inició los trámites para ceder 1.7 hectáreas para que se construya la "ciudad judicial", donde se concentrarían todos los tribunales locales.

Financiamiento

En estas negociaciones intervinieron los miembros del STJ, Víctor Sodero Nievas y Luis Lutz, quienes vieron con beneplácito la futura obra. Sodero Nievas inclusive anticipó que el proyecto ya contaría con financiamiento de organismos multilaterales de crédito, como el BID y el Banco Mundial.

Para que esto pueda concretarse el municipio debía elaborar una ordenanza, que cedería las 1.7 hectáreas, donde se levantarían los edificios, con unos 20.000 metros cuadrados cubiertos. Según se informó, el proyecto de ordenanza avanzó pero no llegó a tratarse en el Concejo.

Paralelamente el juicio contra Juan Manuel Valcarcel, que tramita en el juzgado de primera instancia en lo criminal 6, tuvo nuevos movimientos. El 7 de julio pasado los abogados de Di Tulio reiteraron en la fiscalía que se remita el expediente solicitado al juez y iniciaron otro juicio por desobediencia e incumplimiento de la fiscalía de cámara, por no hacer lugar a la orden judicial de remitir al expediente.