Cuando en octubre el gobernador Celso Jaque salió a decir que quería implementar en la provincia la castración química para delincuentes sexuales, pocos fueron los que se tomaron en serio la iniciativa. Hubo reclamos de diferentes sectores militantes de los derechos humanos y luego sólo silencio. Sin embargo, se creó un comité de expertos, conformado por psicólogos, sexólogos y abogados, que se siguió reuniendo, aún después de que se apagara la repercusión de la novedad, y terminó su trabajo a fines de noviembre. Así lo explicó el médico especialista en sexología José Luis Rodríguez, que integró ese comité.

Se elaboró para entregar al gobernador una propuesta de siete puntos, dos de los cuales ya están a punto de ser implementados a través de un decreto. Son los que dan luz verde a la castración química en el ámbito de la provincia para presos condenados por delitos sexuales.

En las cárceles de Mendoza ya son 11 los internos que han manifestado su voluntad de castrarse, mientras que 159 más están en condiciones de hacerlo. decretos. David Mangiafijo, asesor del Ministerio de Gobierno de la provincia, confirmó que los dos aspectos a reglamentar a través de un decreto ya están listos y sobre el escritorio de Jaque desde el 25 de febrero, sólo resta su firma y la promulgación de la reglamentación para ser puestos en marcha.

El primero es la creación del Programa Provincial de Prevención de Reincidentes Sexuales, en cuya órbita se concretará la castración química de los condenados por delitos sexuales.

Este programa consta de dos aspectos previos a la intervención farmacológica que disminuye la libido de los internos condenados por violación. Se trata de los tratamientos psicológico y psiquiátrico que operativizarán los profesionales que trabajan en la Penitenciaría. Es decir que sin estos tratamientos no se puede concretar el tercer paso, que es la castración en sí.

El segundo expediente que debe revisar el gobernador para estamparle finalmente su firma es el 116, que es el que generará una reforma en la Ley de Ejecución Penal, reglamentada por el decreto 1.166. Específicamente, se introducirán cambios en sus 17 primeros puntos, que servirán para otorgarles a los presos recluidos por violación la posibilidad de acceder a la castración química por propia voluntad. leyes. Otros de los aspectos elaborados por el comité de expertos deberán reglamentarse a través de leyes provinciales. En el primer caso, y para limitar la posibilidad de indulto, rebaja o conmutación de penas a los condenados por violación, debe cambiarse la ley 3.645. Esta le da actualmente esta posibilidad al gobernador, pero si se modifica, ningún preso que haya cometido un delito sexual podrá obtener el beneficio, a menos que esté incluido en el programa para prevenir la reincidencia. La fundamentación de esta disposición es que los delincuentes sexuales son, generalmente, los que mejor conducta presentan en la cárcel y, por lo tanto, acceden más rápido que otros a ciertos beneficios.

El segundo punto es la modificación del artículo 108 del CPP. Dispondrá que las víctimas tengan la garantía de contención de un equipo psicológico y, fundamentalmente, que se las haga declarar una sola vez, a fin de no revictimizarlas.

En tercera instancia, debe reglamentarse la utilización del brazalete electrónico para controlar a los presos condenados por delitos sexuales que accedan a regímenes de semilibertad. Esta disposición ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Dos son las sugerencias de los expertos que requieren cambios en los artículos 63 y 72 del Código Penal. Esto es para permitir que las víctimas menores de edad puedan denunciar.

Mangiafijo explicó que la intención de Jaque es encomendar la tarea a los legisladores por Mendoza en el Congreso de la Nación. tiempos. Según señalaron asesores del ministerio que comanda Adaro, los decretos saldrán en 10 o 15 días. En cuanto esto suceda, se dictará un seminario de capacitación para los profesionales penitenciarios que deben llevar adelante el programa de prevención.

Los encargados de proporcionarlo serán personal del Ministerio de Salud. Recién cuando concluya la instrucción podrá ponerse en marcha el programa.