La maniobra se repite en los cinco expedientes administrativos. Un funcionario de Desarrollo Social elige once empresas para participar de la millonaria compra de alimentos. Llamativamente, en el camino “desaparece” una de las empresas. Alguien la excluye, sin motivos aparentes. Finalmente son invitadas a participar un total de diez firmas. Pero cuatro se autoexcluyen. Conclusión: las seis que se presentan son adjudicadas y ganan una compra por 543 millones de pesos. En su denuncia penal ante el juez federal de turno, el fiscal Sergio Rodríguez concluyó que la maniobra expuso una competencia ficticia entre empresas. Concretamente, habla de una simulación con un solo fin: venderle más caro al Estado.

Las once empresas sugeridas en un comienzo fueron Alimentaria Correntina SRL, Alimentos Generales, Alisec, Blue Catering, Copacabana, Equis Quince, Forain, Los Agro Andino, Nomerobo, Sol Ganadera, Teylem. El listado se repite en todos los expedientes para comprar aceite, fideos semolados, azúcar, lentejas, y arroz.

De las 11 empresas propuestas por el área que estaba a cargo de Gonzalo Calvo, uno de los 16 funcionarios echados por el escándalo, se invita formalmente a participar a 10. La exclusión de “Los Agro Andino” no tiene motivos, o al menos no surge de los expedientes administrativos. Primer dato llamativo.

Luego de analizar la composición de las diez empresas invitadas, el fiscal concluyó que aparecen tres grupos empresarios. No hay competencia y esa situación, siempre según la investigación del fiscal, provocó que el Estado comprara por encima de los precios de referencia de la SIGEN. “Cuando se traspasa el velo de los nombres societarios se advierte que en realidad se estaba invitando a tres o cuatro manos por decirlo de algún modo”, escribió Rodríguez.

Cuatro de las diez empresas pertenecen al “Grupo L”, un emporio que lidera el empresario Víctor Lusardi, con unos 2.000 empleados y una facturación anual de unos $6.000 millones. Los Lusardi se presentaron con Teylem SA y Forain SA, pero también fueron invitadas otras dos empresas del mismo grupo, “Equis Quince” y “Blue Catering”.

Equis Quince acumula licitaciones en la Ciudad de Buenos Aires, en el partido de Tres de Febrero y en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, ganó varias licitaciones en Desarrollo Social durante la gestión de Carolina Stanley, en ANSES, ACUMAR, en el Ministerio de Educación y hasta en el Hospital Posadas, uno de los lugares donde las empresas de Lusardi se movieron con soltura.

Blue Catering también concentra sus negocios en la provincia de Buenos Aires, con licitaciones en el Posadas y en la Municipalidad de Vicente López. En su sitio web, la empresa asegura que ofrece “servicios de alta calidad” en la Confitería Paddock del Jockey Club de San Isidro, y en la cuatro Confiterías del Salón Dorado del Teatro Colón. Además, siempre según el sitio web, lleva a cabo las operaciones de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación.

Las dos empresas ganaron juntas en 2018 una polémica licitación del Ministerio de Educación bonaerense para el alojamiento, alquiler de salones equipados, traslados y hasta el catering para las jornadas de capacitación y encuentros con alumnos y docentes de la provincia de Buenos Aires. De las diez empresas que pugnaron por ese negocio, solo quedaron las dos del Grupo L. Además, Blue Catering tuvo que conformar una UTE con la empresa Plusmar porque no se dedicaba al transporte.

Consultados sobre la reciente compra de alimentos, voceros del “Grupo L” dijeron a este medio que las dos empresas que participaron del proceso ofertaron “el 17% de los alimentos” y se mostraron abiertos a colaborar con la Justicia.

Víctor Lusardi (a la izquierda) junto a dos de sus hijos.

En la compra de alimentos aparecen otros dos grupos empresarios. Las empresas Copacabana y Nomerobo SA registran el mismo domicilio y comparten directores, según consta en la denuncia del fiscal Rodríguez.

Algo similar ocurre con Alimentos Generales y Sol Ganadera. En una entrevista radial, el dueño de esas empresas, Roberto Toscano, admitió que tiene apenas siete empleados. Con eso le alcanza para ganar millonarias licitaciones.

En la denuncia penal, que ahora quedó en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral y del fiscal Guillermo Marijuán, el fiscal Rodríguez pide que se investigue la responsabilidad que podrían haber tenido cada uno de los funcionarios que intervinieron en la compra suspendida, incluyendo al ministro Arroyo, y también la eventual responsabilidad de las empresas.

Pese a su nombre sugestivo, Nomerobo SA registra decenas de licitaciones ganadas en los últimos años. Todas con el Ministerio de Desarrollo Social. Y además aparece mencionada en la ampliación de la denuncia que hizo la abogada Martínez porque cotizó el kilo de la azúcar de la marca “Sol Tucumano” a $82,44, muy por encima de los precios máximos.

(Adrián Escandar)

Además de la “cartelización”, la investigación preliminar que llevó adelante el titular de la PIA detectó otras irregularidades entre las empresas invitadas. “Nomerobo” registraba sanciones por incumplimientos contractuales, y Alimentaria Correntina SRL solo se encontraba inscripta en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) en el rubro alimentos y en la clase arroz.

Hay más ejemplos. Copacabana no habría cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos en el pliego. “De las actuaciones tenidas a la vista no luce acompañado el certificado del Registro Nacional de Establecimiento (RNE) ni el del Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) respecto de la marca Marolio”, enumera la denuncia.

Por el escándalo, ya renunciaron 16 funcionarios de Desarrollo Social. El último desplazado fue el ex director de Compras y Contrataciones, el contador Mariano Rueda, aunque también habría argumentado un problema personal para irse.

Arroyo viene siendo respaldado, hasta ahora, por el presidente Alberto Fernández, que decidió frenar la compra de alimentos y descentralizar el sistema para que puedan acceder los productores en forma directa. La decisión política es limitar al máximo la participación de los proveedores, algunos de los cuales vienen haciendo negocios con todos los gobiernos en las últimas dos décadas.

Hasta ahora la estrategia no tuvo los resultados esperados. Muy pocos productores se anotaron en el sistema COMPRAR, pudo saber Infobae en fuentes oficiales. En ese contexto, los funcionarios de Arroyo deben avanzar en una nueva compra de alimentos. Ahora con todos los controles. La gente no puede esperar.