lissaldericardobancaEl diputado provincial Ricardo Lissalde presentó un proyecto de Ley que beneficia a los empleados públicos provinciales y municipales, en actividad y jubilados, por el que se limita el monto de los descuentos de sus haberes y los intereses de los créditos de entidades tanto bancarias como sindicales y mutuales, tal como ocurre a nivel nacional.

En este sentido, hay que tomar en cuenta como antecedentes importantes el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 246/2011 que establece un tope del 5% por sobre la tasa del Banco Nación y el Decreto Nacional N° 14/2012 que establece que la deducción por el pago de obligaciones dinerarias no podrá exceder el 30% del monto de la retribución resultante del previo descuento de las retenciones impuestas por las leyes.

"Pensamos que la sanción de una norma que beneficie a los empleados públicos activos y pasivos de nuestra provincia equiparándolos con los nacionales, constituye un acto de justicia" señaló el diputado del bloque Alternativa Peronista.

"Es muy alta la cantidad de préstamos solicitados a través del sistema de "código de descuentos" por el personal de la administración pública lo que representa una disminución más que significativa de sus haberes. Esto, sumado a los exorbitantes intereses, es motivo suficiente e importante para que la Legislatura sancione una ley que establezca límites a los mismos"

"En muchos casos –agrega del diputado de la 7ma. Sección Electoral- los empleados entran en una especie de círculo vicioso financiero por el cual se ven obligados a tomar otro crédito para cancelar el primero, situación que va deteriorando mes a mes sus haberes con lo que se distorsiona tanto el concepto de salario, como el de pensión y jubilación",

"Además, se busca regular el funcionamiento de este sistema de créditos, dando así una seguridad jurídica al tomador y evitar a los oportunistas de turno que operan en forma abusiva. Es habitual leer en avisos publicados en periódicos o en volantes callejeros, la oferta por parte de entidades ignotas de créditos instantáneos a empleados públicos y jubilados pidiendo como requisito la sola presentación del recibo de sueldo, cobrando intereses exorbitantes que nunca figuran en sus publicidades".

"Como legisladores no podemos permitir que este abuso persista. Es necesario y urgente la sanción de una norma que regule esta actividad y fije un tope razonable y justo a los intereses de los créditos y se resguarde la integridad del salario de los empleados públicos", sostuvo el diputado Lissalde.