Entre los requisitos para la tramitación del subsidio la norma prevé que la solicitante haya denunciado a sus ascendientes, descendientes, cónyuge o concubino con quienes conviva; que el Juez interviniente considere riesgoso para su integridad que regrese al domicilio común y no haya dispuesto aún la exclusión del hogar del denunciado y que incluso cuando ello hubiera sucedido la víctima no pueda sostenerse por sus propios medios; que no resulte posible su alojamiento en el hogar de algún miembro de su grupo familiar o que éste le brinde sustento y que no existan en la jurisdicción de residencia de la solicitante o a su alcance hogares de tránsito para la atención y albergue de las víctimas de violencia doméstica, que en estos no haya cupo o que se considere inconveniente dicho alojamiento.

Este proyecto se enmarca en una serie de iniciativas que el presidente del bloque Alternativa Peronista ha presentado en la cámara baja bonaerense teniendo en cuenta “la dura realidad en materia de violencia de género, la que se debe atender en forma urgente por lo que es necesario elaborar instrumentos legislativos como esta iniciativa o como los que he solicitado oportunamente en el sentido de que el Poder Ejecutivo estudie implementar en forma progresiva en todo el territorio provincial: el sistema de botón antipático DAMA, aplicado hoy en el municipio de Tigre”, expresó el legislador.

Lissalde especificó que: “el fondo se integrará con la suma que anualmente destine la Ley de Presupuesto y el subsidio consistirá en una prestación monetaria mensual fija que deberá ser destinada exclusivamente a cubrir los gastos de alojamiento y sustento de la víctima y, en su caso, de los hijos menores a su cargo cuya permanencia en el hogar también resulte inconveniente. Será otorgado mensualmente y hasta un plazo de tres meses, el que podrá ser ampliado por un término máximo a determinar por la autoridad del área social, en caso de certificar que persisten las circunstancias que han dado origen al beneficio”

“Este beneficio debe concebirse como una acción que, acompañada por otras, permitirá garantizar a la mujer el acceso a la justicia, como método de resolución del conflicto y reintegración de sus derechos, proveer a su seguridad en aquellos casos en los que se vea amenazada y asistirla con el objeto de superar el trance de violencia, en pos de su bienestar y el de sus hijos”, expresó el diputado Lissalde.