En el salón de Intendentes del Ministerio de Infraestructura, a cargo de Cristina Alvarez Rodríguez, se llevó a cabo el acto licitatorio para la construcción de cinco Servicios Zonales de Protección a los Derechos del Niño, uno de los cuales se llevará a cabo en nuestra ciudad, y el resto se ubicarán en los partidos de Coronel Suárez, Olavarría, Roque Pérez y Tandil.

La Dirección Provincial de Arquitectura, a través del Departamento Inversiones y Contrataciones, realizó ayer la licitación correspondiente a la construcción de estos cinco nuevos Servicios Zonales de Protección a los Derechos del Niño. Las obras serán financiadas por el BID, y se prevé un plazo de ejecución de 240 días para cada una de ellas.

Inversión

En cuanto a la inversión a realizar, se estiman entre $ 886.503,40 y $ 1.164.367,92, dependiendo de las características particulares de cada Centro.

Los Servicios Zonales de Protección a los Derechos del Niño son instancias descentralizadas de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, cuya ubicación territorial es coincidente con la regionalización educativa.

Las obras licitadas pretenden dar respuesta a las demandas de protección de niños en Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, Escobar y Pilar.

Estuvieron presentes en el acto Graciela Nievas, por el Departamento de Inversiones y Contrataciones de la Dirección Provincial de Arquitectura; Hernán Santori, representante de la Dirección General de Administración; Patricia Corsiglia, Asesoría General de Gobierno; Cecilia Lavot, asesora de la Unidad de Coordinación de Proyecto de Obra. Por parte del Ministerio de Desarrollo Social, participaron el subsecretario de políticas Sociales, Walter Romero; el director de Infraestructura Comunitaria y Tierras, José Bianqueri, y la coordinadora del Área Arquitectura de la Dirección de Infraestructura y Tierras.

Cambios

El cambio sustancial que introdujo el nuevo sistema provincial a través de la legislación votada en el 2007 y que se articula con los Municipios, es que impide la judicialización directa de aquellos casos en los que exista vulneración de derechos económicos, sociales y/o culturales.

A la vez determina paralelamente la intervención de la Justicia en las situaciones en que resulte pertinente garantizar el cumplimiento de un derecho.

Se pretende de esta manera asegurar el acceso a la alimentación, salud y educación sin requerir el auxilio judicial y a través de mecanismos idóneos y oportunos.

Entre las principales características de la legislación se destaca que:

- Considera niños a todas las personas menores de 18 años de edad.

- Desconcentra funciones y recursos en los Poderes locales a través de procesos de corresponsabilidad en el hallazgo de la respuesta que necesita cada familia.

- Genera una nueva institucionalidad.