Con cuatro años de retraso, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, abrió una investigación administrativa para esclarecer la polémica compra del edificio del organismo ubicado de la calle Perón 667 de esta capital.

El sumario quedó a cargo del Fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez, quien deberá producir un informe final en un plazo no mayor a 60 días, se indicó oficialmente.

Además, la Procuradora dispuso la suspensión preventiva del funcionario Guillermo Bellingi, quien se desempeñaba como subdirector de administración al momento de la adquisición del inmueble en el 2013.

La vendedora del edificio, Arfisa de la familia Bemberg, pagó 8 millones a la inmobiliaria Jaureguiberry en concepto de comisión y está, a su vez, una subcomisión de 3 millones al productor de seguros, Juan Carlos Thill. Se investiga si éstos están vinculados al empresario Héctor Alonso, ex marido de Gils Carbó y gestor inmobiliario.

La causa podría ser uno de los ejes más fuerte del pedido de juicio político de la jefa de los fiscales y socia fundadora de "Justicia Legítima".

Sucede que se había preadjuicado la compra de otro edificio en el 2012, pero Gils Carbó la anuló y llamó a una nueva que terminó con esta polémica adquisición.

 Gils Carbó firmó la resolución 782/17 para la apertura de una investigación administrativa destinada a esclarecer los hechos que -según la página "fiscales.gov.ar"- "dieron lugar a distintas denuncias periodísticas publicadas durante el último fin de semana y que forman parte de una causa penal en la que se investigan supuestas maniobras ilegales vinculadas a la adquisición del inmueble de la calle Perón 667", en alusión a una nota de Clarín y otra de Infobae del domingo pasado.

En la resolución, Gils Carbó precisó que se trata de "eventos de alta gravedad que demandan una actuación institucional acorde a la transparencia con que esta Procuración General se ha venido desempeñando".

En la Justicia federal se recibió una denuncia contra Gils Carbó por presunto cohecho, negociaciones incompatibles con sus funciones y otros delitos a raíz de la compra del edificio, donde aparecería involucrado su ex marido.

Si bien el caso había trascendido a mediados de marzo en el diario Clarín como una precausa, el fiscal Carlos Rívolo hizo la investigación y la denuncia la formalizó Guillermo Marijuán ante el juez federal Julián Ercolini, quien dispuso el secreto de sumario. Por sorteo, la causa finalmente quedó en manos de Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, quien pidió el secreto de sumario.

El abogado de la Procuradora, Alejandro Rúa, rechazó en la causa el pago de sobreprecios o comisiones en esa operación inmobiliaria de 2013.