Una lista con la distribución de las obras circuló antes de que se presentaran las ofertas. Coincide con las propuestas presentadas.
La nómina con el presunto reparto previo coincide prácticamente en su totalidad con las propuestas elevadas al organismo oficial (ver página 3). Las escasas excepciones alientan las suspicacias antes que reducirlas.
Las coincidencias son un fuerte indicio de "cartelización" entre las firmas constructoras. Es decir: un acuerdo para repartirse entre ellas el negocio de la construcción de viviendas sociales, para evitar de este modo la competencia que supone la licitación.
Se trata, en rigor, de una práctica que lleva varios años de vigencia en el ámbito de las licitaciones públicas de bienes y servicios.
El Ancasti tuvo acceso a la nómina con el supuesto reparto previo un par de semanas antes de la fecha fijada para la apertura de los sobres con las ofertas. No se publicó por obvias razones de prudencia, pero cuando las ofertas tomaron estado público surgieron palmarias las coincidencias, que ponen bajo sospecha un proceso licitatorio controvertido desde su inicio por el escaso margen temporal que dejaba a quienes pretendieran competir para reunir una serie de exigentes requisitos entre la fecha establecida para el inicio de venta de los pliegos y la presentación de las ofertas.
Sólo una de las firmas que figuraba en la lista previa no ofertó el martes. El resto lo hizo, en su inmensa mayoría exactamente en la licitación que se les habría asignado con anterioridad.
Dos licitaciones que en la lista original estaban en blanco no registraron ofertas. En otras que tampoco habrían sido asignadas previamente se presentaron firmas que, si el listado previo es real, ya tenían otro negocio cerrado. En algunos casos, las firmas que deberían haberse beneficiado fueron reemplazadas.
Pero estos son detalles nimios: las coincidencias entre ambas nóminas son lapidarias y demandan, como mínimo, que las autoridades indaguen sobre un posible pacto entre los integrantes de la corporación constructora que, obviamente, repercutiría en los precios que el Estado paga por las viviendas sociales y, en consecuencia, el que pagarán luego los adjudicatarios.
El precedente de las compras directas
La cartelización es el sistema donde las empresas de un sector acuerdan entre sí los precios y condiciones que ofrecerán en el mercado que dominan. En este caso, las "cartelizadas" serían las firmas que conforman la corporación constructora de Catamarca.
La provincia registra un antecedente escandalosos en este sentido: las empresas proveedoras del Estado que le vendían al área de Acción Social en forma directa, sin licitación o con concursos de precios fraguados.
Estas ventajas que las empresas cartelizadas obtendrían con la implementación del sistema se traducen en perjuicios para el Estado contratista -que paga más caro- y, en definitiva, para toda la sociedad.
La ley 22.262 de Defensa de la Competencia prohíbe y sanciona "los actos o conductas relacionados con la producción o intercambio de bienes y servicios que limiten, restrinjan o distorsionen la competencia o que constituyan abuso de una posición dominante en el mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general".
Un proceso signado por la sospecha
La megalicitación de las 1.300 viviendas despertó sospechas apenas fue convocada debido a que tenía características muy similares a otro procedimiento similar que había puesto en marcha el anterior Gobierno: las empresas que quisieran competir tenían que obtener terrenos y certificaciones en tiempos muy acotados, imposibles en condiciones normales.
El proceso está dividido en 39 licitaciones que, en total, ascienden a más de 211 millones de pesos, incluido el precio de los terrenos.
Las dudas al respecto fueron planteadas por este diario. El secretario de Vivienda, Octavio Gutiérrez, y el presidente de la Cámara de la Construcción, Víctor Núñez, admitieron la existencia de contactos previos al lanzamiento de la licitación.
El proceso licitatorio es manejado específicamente por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), al mando del arquitecto Dante López Rodríguez.
La información que se publica hoy, no obstante, comprometería en primera instancia sólo a la corporación constructora, pues implicaría una "cartelización" en perjuicio del Estado de la que no necesariamente participarían funcionarios.
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