El administrador del IPV, Dante López Rodríguez, confirmó que firmó las resoluciones por las que adjudicaron las 1.300 viviendas que construirá la Provincia, proceso que está bajo sospecha por un supuesto acuerdo previo entre las empresas constructoras para la edificación de los barrios.
Los expedientes de la megalicitación están ahora en el Tribunal de Cuentas, que deberá determinar si hubo alguna irregularidad en el procedimiento. Aunque, como se sabe, el organismo se limita a analizar el cumplimiento de las formalidades que establece la legislación vigente.
El administrador del organismo solo podrá firmar contrato con las empresas beneficiadas si el Tribunal de Cuentas no objeta el procedimiento.
La adjudicación de viviendas se realizó sin mayores sorpresas. Como se había informado, la Comisión de Preadjudicación emitió un dictamen favorable por el que recomienda la preadjudicación de las obras a las empresas que presentaron ofertas y que se abrieron en el acto que se realizó el 6 de marzo.
En esa oportunidad hubo una sola oferta para cada uno de los grupos de viviendas que fueron convocados a la licitación por lo que no hubo mayores inconvenientes para cumplir con la preadjudicación.
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