La puesta en marcha de la obra hidroeléctrica Los Blancos I y II, sobre el río Tunuyán, está paralizada. La presa ha sido valuada en casi U$S 1.000 millones y tiene un plazo de obra de 5 años pero aún no ha sido adjudicada y ya hay dos pedidos de informes aprobados por la Legislatura provincial que piden explicaciones sobre diversos aspectos del proceso.

Esta semana que se inicia será clave. Los legisladores esperan una respuesta del Gobierno provincial, ya que hoy lunes se vence el plazo, caso contrario, citarán al Ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, o a algún alto funcionario de su cartera para dar explicaciones sobre los "vicios de la licitación", tal como los definen.

El principal cuestionamiento se remite al mismo proceso de licitación. Los legisladores firmantes de los pedidos de informe (Sergio Moralejo, Mario Salomone y Germán Gómez) entienden que "el Estado sigue avanzando, aunque técnicamente no se está cumpliendo con los requisitos fundamentales" que demanda esta mega infraestructura para la contratación pública.

Las razones son varias y están expresadas una a una en el Expediente 61038 enviado al Poder Ejecutivo. La objeción principal es que una de las empresas que obtuvo la precalificación para la licitación y quedó en primer lugar, UTE IECSA-Contern, no cuenta con antecedentes de obras similares en los últimos 20 años.

Sin respaldo financiero

Tampoco tiene el respaldo financiero necesario para el alto costo que implica esta obra. Sólo han presentado una carta, sin certificación, del banco Credit Suisse expresando "interés" mediante una carta rubricada por Andrea Camp (en apariencia gerente de la sede en Buenos Aires), indica textualmente el pedido legislativo.

"Faltando el financiamiento -indican- la oferta no está completa y por lo tanto no puede ser adjudicada". También en otro párrafo se declara que esta empresa no explica cuáles son los costos totales, ni la cronología de desembolsos, cancelación de capital e intereses.

Así, dice el pedido de informe "generan una total incertidumbre respecto de tales datos esenciales, no obstante están expresamente exigidos en el pliego".

Además, dentro del staff de profesionales presentado por la empresa se encuentra un ex funcionario del Gobierno de Mendoza, quien estuvo hace unos años a cargo de la evaluación y estudio de proyecto de Los Blancos I y II. Hecho irregular, ya que se interpreta que la empresa cuestionada "cuenta con información adicional, privilegiada; lo que perjudica al resto de los oferentes, que no han podido contar con todos los datos".

Todas estas observaciones son "incompatibles con las exigencias de la ley y pueden ocasionar la desestimación de la oferta", explica y advierte el expediente cedido a Los Andes.

Impsa y Cartellone fuera

Para las empresas oferentes hay un "formidable descontento", explica uno de los Senadores, ya que dejó afuera a compañías mendocinas como Impsa y Cartellone, ambas con "probada experiencia" en este tipo de magnas obras a nivel mundial, indican desde la Legislatura provincial.

Los legisladores expresan en el informe que las turbinas, por ejemplo, se construirían en Brasil, porque la empresa asociada a IECSA es una brasileña llamada Contern Construcoes e Comercio Limitada y obtendría financiamiento del Banco Popular do Brasil. Dicho organismo solicita que las piezas sean realizadas en el país vecino.

Al respecto, los legisladores han recibido voces de rechazo del sector metalúrgico ya que dejaría a las pequeñas empresas de metalmecánica de Mendoza sin la posibilidad de participar en este emprendimiento.

El segundo punto que más cuestionan desde la Cámara de Senadores de la Provincia es que el proyecto no cuenta con los estudios geológicos y geotécnicos necesarios del territorio.

Esto produce - según el informe de los legisladores- "la indefinición de la topología de la presa y alcance de los trabajos de las obras subterráneas".

En la oferta de licitación, las empresas han presentado costos tentativos al posible trabajo de suelo y "esto tiene un problema grave a la hora de definir la ingeniería de detalles y el proyecto ejecutivo, ya que el pliego prohíbe realizar cambios al proyecto costeado", señala el informe legislativo.

Por lo que deducen que "los volúmenes entregados para llenar las planillas de costeo -por parte de los oferentes- han sido incorrectos desde el primer momento".

Los Andes intentó sin éxito obtener la opinión de los funcionarios del Ministerio de Infraestructura de la provincia. Sólo explicaron que "el proyecto está en observación".