“En la actualidad las fiscalías se encuentran desbordadas de causas y el nivel de efectividad de la acción judicial de persecución de actividades delictivas se ve seriamente afectado por la falta de racionalidad en la administración de los recursos disponibles” explicó el diputado Carlos Martínez, autor de la iniciativa, “con el mismo personal y los mismos medios se trata el robo de una bolsa de papas y un asalto organizado a mano armada”.

Lo que plantea la norma es la introducción de “Criterios de Oportunidad”, una serie de excepciones al principio de obligatoriedad de la acción penal por parte del ministerio público, para casos que por su falta de complejidad o magnitud, o por la existencia de mecanismos alternativos de resolución del conflicto, o por la falta de relevancia de la intervención de uno de los partícipes, no ameriten la movilización de todo el aparato judicial.

“Por supuesto esto no quiere decir que los delitos menores queden impunes” explicó Martínez, “la víctima debe ser notificada de la aplicación del criterio de oportunidad, pudiendo disputar la decisión ante el juez de garantías, de quedar firme la aplicación del criterio y no pudiendo resolverse el conflicto por otra vía, la víctima tiene el derecho de iniciar una querella criminal”. Este tipo de pautas ya han sido implementadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las provincias de Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut, Rio Negro y Jujuy.