El viernes nos sorprendió con la esperada noticia que vino desde Mendoza: Celso Jaque, destinatario de las más duras críticas por parte del Ejecutivo riojano, finalmente hizo lo que debía hacer, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y desestimó el recurso de amparo para frenar el Decreto 699.

De este modo, el Gobernador mendocino dio marcha atrás con una medida que iba contra la prórroga de la Promoción Industrial en La Rioja, Catamarca, San Juan y San Luis, rubricada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según informó la prensa local, esa presentación habría sucedido el martes, mientras que el viernes funcionarios de Jaque indicaron que en los próximos días se anunciará un acuerdo entre Mendoza y la Nación por esta cuestión.

Desde un comienzo, estaba claro que este enredo judicial interprovincial, con amparos cruzados, debía tener una salida política y fue eso lo que sucedió. El papel de la Nación para destrabar el conflicto fue importante, luego de que se incluyera a los cuyanos en el plan de desendeudamiento y, lo más llamativo, que en medio de esta negociación pretendieran beneficios similares para siete departamentos.

En esta exigencia –que está prácticamente cristalizada– radica la mayor contradicción de la "estrategia" mendocina, ya que finalmente recurre al mismo instrumento que hasta hace algunas horas rechazaba, cuestionando nada menos que la facultad presidencial de otorgar beneficios en materia impositiva. En su tierra, Jaque está pagando un muy alto costo político por esta contradicción y por el manejo errático y apresurado de esta delicada cuestión. En Mendoza, causó particular impacto la tapa de este diario del lunes pasado, con la afirmación de Beder Herrera de que Jaque "inexplicablemente" demoraba la implementación de la Promoción. Es que, tanto en el nivel político como económico y empresarial, comenzaba a manifestarse una seria preocupación por la indefinición de un acuerdo que ya estaba resuelto.

Lo que se abre ahora es el camino para continuar con la negociación de fondo con el Gobierno nacional, para reglamentar el Decreto 699. Como informó NUEVA RIOJA como primicia en su edición del viernes, la Provincia mantiene los contactos con ministros y secretarios de Cristina para agilizar la confección del texto final. La anunciada reunión del gobernador Beder Herrera con Zanini la semana antepasada, de la cual no hubo información oficial, sirvió para organizar un encuentro que en principio se realizaría el miércoles que viene, del que participarán representantes de UNIR. Precisamente, los funcionarios del área vienen conversando con los empresarios para fijar los lineamientos de lo que se espera será una negociación fatigosa. El diputado Jorge Yoma intervino y su misión actual es tocar los timbres que él conoce en la administración kirchnerista: por un lado, ablandar a la ministra Débora Giorgi, a quien se sindica como una de las funcionarias más intransigentes, y a funcionarios de Economía para agilizar el trámite.

Entre los colaboradores de Beder Herrera hay confianza y esperan con la reglamentación mejorar varios aspectos de la letra del Decreto 699. "Vamos por todo", afirman los funcionarios, cuya idea es acercarse lo más posible a la Ley 22.021, sobre todo en lo que respecta a brindar mayores beneficios a los nuevos emprendimientos industriales que busquen radicarse en la Provincia y, como objetivo de máxima, retocar lo referido a la autoridad de aplicación.

En el plano judicial queda por atender otro amparo de la cámara empresaria de San Rafael, pero está casi descartado que, tras el ejemplo de la administración mendocina, seguiría el mismo rumbo de la desestimación.

El municipio crece

Hace pocos días, se hicieron públicas las gestiones de la senadora Teresita Quintela mediante las cuales unos dos mil beneficiarios de PROCALA del municipio capitalino, pasarán a planta permanente a partir del 1 de octubre próximo, dentro del Programa de Inserción Laboral (PIL) que sostiene la Nación.

El anuncio de Teresita Quintela sorprendió a los propios funcionarios del municipio, que cuando fueron consultados al respecto no escondieron su asombro y se excusaron de dar mayores explicaciones.

Lo que son buenas noticias para dos mil trabajadores, ya que no sólo mejoran sensiblemente su ingreso, sino que lograrán la estabilidad laboral, abre sin embargo un gran interrogante acerca de los recursos necesarios para sostenerlos en el futuro.

Si bien es un concepto arraigado que en nuestra provincia el empleo público es el principal destino de quien aspira a un trabajo, es también notable cómo las oficinas estatales se abarrotan de personas que prácticamente no tienen tareas reales que ejecutar. Por ese motivo, desde la administración bederista se comenzó a impulsar un proceso de achicamiento de áreas, para reducir personal, optimizar el funcionamiento y bajar los costos de la administración pública.

Es, por lo tanto, llamativo que a diferencia de Beder Herrera, Quintela esté dispuesto a sumar otros dos mil empleados a una plantilla que ya alcanza a los 2.300 en planta permanente, sobre un total de más de 3.300 planes. Esto implica que, a mitad de 2012, el municipio capitalino contará con casi 4.500 asalariados estables.

La cuestión principal, más complicada todavía, será de dónde saldrán los recursos para afrontar el pago de dos mil trabajadores una vez que se hayan cumplido los veinte meses que cubre el PIL. En un rápido análisis, cumplido ese plazo todos pasarán a revistar como empleados efectivos, con un sueldo mínimo de 1.500 pesos, más los aportes patronales que suman otros mil pesos. Es así que será necesaria una importante masa de recursos, fijos y estables, para abonar esos sueldos, una pregunta que hoy nadie puede responder.