Así lo expresaron esta mañana representantes de estas fracciones en la reunión de la Comisión de Legislación General, que lidera el kirchnerista y abogado de la CGT Héctor Recalde, a la que acudieron representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Fue la antesala del multitudinario acto que por la tarde realizó en la plaza Congreso la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), cuyo principal reclamo consiste, justamente, en que el gobierno le reconozca la personería gremial.

De diciembre a esta parte en la Cámara de Diputados se presentaron cerca de una decena de proyectos que apuntan a eso. Todos se basan en el fallo de la Corte Suprema de octubre de 2008, que declaró inconstitucional el artículo 41 inciso 1 de la ley de asociaciones sindicales, que es el que le permite a la CGT bloquear a las otras organizaciones.

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Lo hace al limitar la posibilidad de ser delegado de una empresa a los afiliados de la asociación sindical con personería gremial, que tiene la tarea de convocar a elecciones para definir ese cargo. Sólo si no existe un sindicato reconocido para la actividad, se podría presentar un candidato que no reúna esos requisitos.

El bloque de Nuevo Encuentro, habitual aliado al Gobierno en cada votación, presentó un proyecto para cambiar ese artículo. Propone que para ser delegado sólo se deba tener dieciocho años de edad como mínimo y revistar al servicio de la empresa durante todo el año aniversario anterior a la elección.

Quien cumpla esos requisitos, podría luego ser elegido por "la asociación sindical con personería gremial y/o simplemente inscripta indistintamente, y en su defecto por la Autoridad de aplicación en el lugar donde se presten los servicios o con relación al cual esté afectado y en horas de trabajo, por el voto directo y secreto de los trabajadores cuya representación deberá ejercer".

Durante la reunión que tuvo con la OIT, Ariel Basteiro, uno de los diputados de ese bloque con pasado como gremialista de los aeronáuticos, ratificó que peleará para que este proyecto llegue al recinto. "Desde el 2002 venimos presentando en el Parlamento esta iniciativa que debe garantizar la libertad sindical en nuestro país", explicó.

Y agregó: "El proyecto busca dar respuesta tanto a las recomendaciones internacionales como a las de la justicia argentina sobre libertad sindical. Los mismos exigen al gobierno nacional instrumentar los cambios necesarios para cumplir con los derechos de los trabajadores garantizados en pactos internacionales suscriptos por nuestro país y que tienen rango constitucional". También lo firman los aliados K Martín Sabbatella, Vilma Ibarra y Carlos Heller.

Desde la Coalición Cívica también están decididos a ir por el poder de Moyano. La propuesta más drástica la presentó Patricia Bullrich, histórica rival del jefe de la CGT desde que era ministra de Trabajo de la Alianza.

Sin vueltas, propuso derogar la ley de asociaciones sindicales e ir por una nueva que denomina "Régimen de promoción y protección de la libertad sindical". Una de las principales novedades es que habilita a los trabajadores a "constituir libremente y sin necesidad de autorización previa, asociaciones sindicales", como también a "afiliarse a las ya constituidas". Sólo si el trabajador no integra la empresa o recaen sobre él causas judiciales no podrá pelear para ser delegado.

Otra propuesta es del flamante diputado Horacio Piemonte, de la Coalición Cívica, quien agrega a la ley de asociaciones sindicales que deben extender los derechos allí descriptos los trabajadores y trabajadoras que se encuentren o no en relación de dependencia, "y cualquiera sea la relación jurídica que la motive o la denominación que se le asigne.

Tercera posición

En la reunión de Comisión de esta mañana quedó definido que todos estos proyectos comenzarán a discutirse pronto y hasta hubo ofrecimientos a los emisarios de la OIT para que participen como veedores.

Según confiaron a LPO varios de los presentes, desde el organismo respondieron con cautela. "Ellos están conformes con la legislación argentina ya advierten que no debe avanzarse en muchos cambios sin consultar a los empresarios", confió a LPO uno de los diputados presentes, que no está referenciado en ninguna central obrera.

Es que, a diferencia de otros temas que embanderaron a toda la oposición, esta cuestión no une a los bloques no kirchneristas. Sobre todo, tiene resistencias entre los peronistas disidentes, muchos de ellos con raigambre sindical.

Algunos diputados de este bloque consideran además que, en realidad, las trabas para obtener la personaría gremial las coloca muchas veces el Ministerio de Trabajo, al no habilitar nuevos sindicatos, mucho más a partir del fallo de la Corte. De hecho, aseguran que sólo una minoría de los sindicatos que esperan su reconocimiento pertenecen a la Central de Trabajadores Argentinos.

Y pretenden enfocar la presión ahí. "A la CTA sólo le interesa un reconocimiento como entidad gremial de tercer grado para recibir aportes en forma directa", vociferan. Y plantean una alternativa que seguramente se planteará y trabará aún más el debate: concentrarse en facilitar las personerías de los gremios de primer grado (de las actividades puntuales) en vez de insistir con el de la central.

Los más mesurados también advierten sobre el riesgo de abrir el abanico para que se multipliquen las centrales obreras al recordar que, por ejemplo, la CTA vive hoy una dura interna, protagonizada por su titular Hugo Yasky, cercano al Gobierno; y su antecesor, Victor De Gennaro. "Lo más probable es que si se le da personería, tendríamos una CGT y dos CTA", presagian.