La jueza de Control de Garantías, Gabriela Núñez de Cheble, concedió ayer la excarcelación a una mujer, a quien se le imputaron los supuestos delitos de lesiones leves con abuso sexual y privación ilegítima de la libertad en concurso real, contra un joven un 19 años, al que lo habría amenazado con “matarlo si no le hacía el amor”.

A diferencia de lo que sucedió el mes pasado, esta vez la magistrada hizo lugar al pedido de liberación que había realizado la defensora penal oficial, Soledad Navarro de Lastreto.

El hecho habría sucedido el 3 de noviembre último cuando, según la denuncia de la víctima, mientras caminaba por frente a la casa de la mujer de 33 años, ésta y sus dos hijas lo llevaron hasta el interior de la misma.

Allí lo habrían reducido y tirado en la cama; la imputada se le habría subido encima y mientras lo tomaba del cuello con sus manos le habría dicho: “Si no me haces el amor, te mato”.

Según lo que narró el muchacho en la Fiscalía friense, se desmayó por más de una hora. Cuando se recuperó, fue expulsado de la vivienda y posteriormente sufrió otra pérdida de conocimiento en la casa de un testigo a raíz de la situación vivida, por lo que fue llevado hasta Frías, donde fue asistido en el hospital zonal.

La jueza Cheble consideró al dictar su resolución: “Los hechos imputados preventivamente a la acusada son en concurso real; por cuanto hecha la sumatoria de los máximos legales, estamos dentro de las previsiones que establece el Código Procesal para conceder la excarcelación; en consecuencia le voy a otorgar la libertad en forma inmediata”.

No obstante, aclaró que la misma es bajo caución juratoria, es decir que la imputada deberá cumplir condiciones para acceder al beneficio.

“La imputada deberá constituir su domicilio dentro de la jurisdicción que corresponda. Además no podrá ausentarse de su domicilio y no podrá acercarse por el término de tres meses a la víctima, el lugar de su vivienda y dónde este podría encontrarse, como así también de los testigos tanto físicamente como cualquier medio tecnológico o intermediarios”, señaló la funcionaria.

Oportunamente, la defensora solicitó la libertad considerando que no existe peligro de fuga y esgrimió como fundamento de ello que la mujer nació y se ha domiciliado siempre en la misma población, además de contar con escasos recursos económicos y tiene a su cargo 9 hijos, a quienes tiene que mantener.

Por su parte, el fiscal Mariano Gómez, se opuso a ese planteo y pidió que se dictara prisión preventiva.