Así, los jueces de la Sala II del tribunal revocaron una decisión del juez federal Claudio Bonadio y ordenó la liberación de Lluch bajo caución personal.

Bonadio, en tanto, deberá resolver ahora la situación procesal del resto de los acusados que ya fueron indagados, incluidos los directivos de TBA , el maquinista Marcos Córdoba y los ex secretarios de Transporte kirchneristas Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime.

El fiscal de la causa Federico Delgado pidió que todos sean procesados por el delito de estrago culposo y además por malversación de caudales públicos, debido al supuesto desvío de fondos recibidos del Estado en carácter de subsidios.

A principios de mes, por orden de Bonadio, fueron arres-tados Claudio Cirigliano, presidente de Cometrans; Carlos Ferrari, presidente de TBA, y Daniel Rubio y Darío Tempone, gerentes de Administración y Opera-ciones de TBA. Todos bajo la sospecha de haber ocultado documen-tación contable que estaba siendo usada en un peritaje para conocer el destino de los subsidios.

Pero los detenidos fueron liberados la semana pasada por orden de la Cámara Federal; el único que quedaba tras las rejas era Lluch, cuya libertad se dispuso ayer .

Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah reprocharon a Bonadio no haber justificado debidamente por qué entendía que el abogado de TBA tenía que seguir preso.

"Los fundamentos expuestos por el señor juez de grado se presentan insuficientes como para mantener la restricción de la libertad de Carlos Alberto Lluch, cobrando virtualidad otras medidas menos lesivas para contrarrestar eventuales riesgos procesales", señalaron.

Dijeron que el 24 de mayo último, cuando se le quitó la concesión del Sarmiento a TBA, hubo "desinteligencias generadas al implementarse la toma de posesión por parte del nuevo grupo designado para garantizar su continuidad", lo que generó confusión con respecto a los papeles de la empresa que dejaba de gestionar la linea ferroviaria.

El tribunal también dispuso la libertad de los gerentes Daniel Rubio y Dario Tempone. Entendió que la empresa colaboró con la investigación aportando documentación y que no había evidencia de que ellos la hubieran escondido.

Por eso ordenó liberar a los dos bajo palabra, al entender que no fueron explicadas las acciones concretas que habrían hecho los acusados ni las razones de por qué su conducta puede entorpecer la investigación..