La Justicia dispuso ayer liberar al secretario gremial del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) Rodolfo Chávez, quien además ocupa una silla en representación de los trabajadores en el directorio del Consorcio de Administración del Puerto. Hasta su liberación, Chávez permaneció alojado en el penal de Batán junto a otra persona, identificada como Edgardo Prado, luego de que el lunes ambos fueran interceptados por la policía a bordo de un automóvil en el que hallaron armas de fuego.

Si bien ambos recuperaron la libertad tras negarse a declarar, continuarán procesados en el marco de una causa en la que a Chávez se le imputan los delitos de portación de arma civil, daño agravado y cotenencia de arma. En tanto que Prado quedó imputado por cotenencia de arma y daño agravado, le explicó a LA CAPITAL la fiscal de flagrancia en turno, Alejandra Bonichini.

Ambos fueron detenidos el lunes al mediodía, minutos después de que se produjeran graves incidentes en el acceso a los muelles del puerto local, cuando dirigentes del Simape impidieron el ingreso de trabajadores y armadores a ese sector, dispuestos a realizar tareas de alistamiento y de mantenimiento de buques. Tras una violenta pelea en la que dirigentes y allegados al gremio se trenzaron a golpes de puño con otros trabajadores y personal de Prefectura y agredieron a armadores, como fue el caso de José Ramacci, en la zona se produjeron otros incidentes. Entre ellos se registraron ataques a algunas empresas pesqueras y a las instalaciones de agencias marítimas.

Una de ellas, la firma Smiriglio, sufrió la rotura de su fachada a piedrazos.

La fiscal Bonichini explicó que en esas circunstancias, un patrullero policial se acercó hasta el lugar observando que "un automóvil marca Toyota Corolla con dos personas a bordo huía rápidamente" por lo que los efectivos difundieron el hecho a través del sistema de radiofrecuencia informando los datos de la chapa patente.

Minutos después, el vehículo fue interceptado en la zona de Edison y Vértiz por un móvil policial, donde se identificó a Chavez y Prado, hallando en su poder un revólver y una escopeta.

El proceso sigue abierto

La fiscal explicó que ninguno pudo acreditar la autorización para la portación de las armas y precisó que en medio del procedimiento se produjo la rotura de los cristales de un patrullero, lo que mereció que los aprehendidos fueran también inculpados por el delito de "daño agravado".

Chávez y Prado fueron alojados en la alcaidía que funciona en el Penal de Batán y ayer fueron convocados por la fiscal, ante quien se negaron a declarar.

Luego de eso, se dispuso liberarlos debido a que "no existía ningún impedimento para ello de acuerdo a sus antecedentes penales", sostuvo Bonichini.

Pese a que al revistar el historial se detectó la existencia de algunos hechos delictivos "menores" anteriores, estos no fueron tenidos en cuenta debido a que se trata de episodios de "muy vieja data".

De todos modos, el proceso que ahora afronta el secretario gremial del Simape y director del puerto local no es el único hecho por el que se lo viene acusando en los últimos tiempos. Meses atrás, fue denunciado por amenazas por el periodista de Revista Puerto, Roberto Garrone, a lo que anteayer se le sumó otra denuncia por el mismo delito por parte del director de esa publicación, Guillermo Nahum, con quien habría tenido un altercado en el puerto minutos antes de que se desencadenaran los incidentes.

Según explicó la fiscal Bonichini, en relación a los hechos por los que Chávez y Prado fueron detenidos el lunes, ahora se dará comienzo una investigación en cuyo marco requerirá la realización de pericias, recabará testimonios y solicitará informes al Renar.

Repudio de concejales

El Concejo Deliberante expresó ayer su repudio frente a los incidentes ocurridos este lunes en el puerto de Mar del Plata, donde ya se cumplieron más de 100 días de la huelga del Simape que mantiene paralizada a la flota fresquera de altura. En un comunicado consensuado entre todas las bancadas, los concejales sostuvieron que "todas las partes involucradas deben colaborar y dialogar para encontrar una rápida solución de este conflicto". Asimismo bregaron porque "todos los actores asuman la necesidad de dialogar efectivamente para terminar con la paralización de la actividad".

No obstante, lejos del clima de concordia expresado en la declaración del cuerpo, el bloque radical emitió un comunicado propio para referirse al tema, al que también se les sumaron declaraciones diversas de ediles de esa misma bancada.

La nota de repudio firmada por el jefe del bloque de la UCR, Nicolás Maiorano, hizo alusión a que "el conflicto en el puerto de la ciudad se desarrolla y transcurre con la ausencia del principal actor político de la ciudad, el intendente Gustavo Pulti" al que acusaron de "mirar para otro costado". Sumado a eso se pidió que el jefe comunal "encabece los reclamos del sector a los efectos de solucionar los problemas que generaron la crisis del puerto" y que "acompañe las medidas propuestas para resolver los problemas de los vecinos afectados".

Pero al margen del comunicado del bloque, la concejal radical Vilma Baragiola presentó un proyecto de resolución para repudiar los hechos de violencia del lunes y para solicitarle al Ministerio de Trabajo de la Nación conformar una nueva agenda de conversaciones entre las partes involucradas para hacer efectivo el levantamiento de las medidas que actualmente están paralizando el puerto. En tanto que el concejal Mario Rodríguez también hizo su aporte a la sumatoria de declaraciones, pidiendo, mediante un proyecto de resolución, la creación de una mesa multisectorial para tratar de resolver el conflicto.