Originalmente cuando se privatizó Edesa en 1996, se reservó un 10 % de las acciones para que queden en poder de los trabajadores, las cuales iban a ser pagadas por los dividendos que otorgasen, hasta cubrir el monto total.

Pero sin embargo Edesa nunca hizo reparto de dividendos y las acciones permanecieron en poder del Estado sin que los trabajadores pudiesen obtenerlas, a menos que desembolsen de su bolsillo el valor que estas tenían.

Finalmente ante los crecientes reclamos de los trabajadores, principalmente en Orán, el bloque de diputados del Partido Justicialista presentó el proyecto que se aprobó ayer, en el que el Estado queda facultado para entregar las acciones sin necesidad de recibir dinero alguno.

Asimismo Manuel Santiago Godoy informó que en caso que se detecten que hubo dividendos durante todo el período desde que fue privatizada la empresa, estos pertenecerán a los dueños de las acciones y aclaró que se facilitará desde el Gobierno la posibilidad de que los trabajadores puedan, si quieren, sindicalizar los papeles, para poder negociar en grupo y no en forma individual.

Si bien el proyecto fue apoyado en general, hubo un cuestionamiento de parte de Claudio del Plá, del Partido Obrero, contra un artículo en el que el Estado da por concluida, una vez hecha la transferencia, toda responsabilidad sobre las acciones y sus propietarios.

Del Plá consideró esto como un "abandono a los trabajadores que quedan a merced de los especuladores, una entrega de esos 10 millones de pesos que supuestamente iban a salir de los dividendos y que nunca fueron liquidados, por lo que se perderán y además los ex empleados de recibirán acciones de una empresa que no se sabe en qué estado está".

Por este motivo invocó como ejemplo, lo resuelto por el Gobierno Nacional en el caso de la privatizada metalúrgica SOMISA, que ante el fracaso de la Propiedad Participada, directamente decidió indemnizar a los trabajadores que hubiesen recibido las acciones.

Guaymás apoyó a la UTA

El diputado y titular de la CGT salteña, Jorge Guaymás, apoyó los reclamos de la UTA y embistió contra algunos funcionarios del Gobierno y los empresarios del transporte, al considerarlos responsable de haber obligado a los choferes a realizar un paro hace unos días, el cual fue declarado ilegal por el Ministerio de Trabajo, lo que desembocó en una multa de 450 mil pesos al gremio y sanciones económicas a los que adhirieron a la medida de fuerza.

Si bien no atacó directamente al gobernador Juan Manuel Urtubey, al cual solicitó apoye a los trabajadores, criticó duramente a funcionarios, principalmente del sector de Transporte y de Trabajo. Mientras, afuera de la Legislatura unos 100 afiliados de la UTA, con su secretario Oscar Cruz a la cabeza, pedía ser recibido por los diputados para entregarles un documento con sus reclamos, lo que finalmente no ocurrió.