Cuando se le pidió a las autoridades del organismo que justificaran en qué oportunidad apelarían a este resorte extraordinario, la respuesta que encabezó la lista fue llamativa: una recesión.

Nadie había pronosticado aún una contracción económica. Pero en marzo, Marcó del Pont fue honesta al admitir que de no hacerse este cambio, la perspectiva de que la desaceleración se convirtiera en retroceso iba a forzar un “ajuste brutal” del Estado.

Gracias a la enmienda votada, si la Nación tiene una emergencia (en pesos) ya tiene garantizada su salvación. Ninguna provincia, en cambio, tiene esa chance. Solo puede apelar al endeudamiento o a dar pagarés a sus empleados o proveedores. Y si quisiera emitir una cuasimoneda, igual necesitaría contar con un aval oficial para que tengan curso legal.

Si los ingresos de una provincia caen y no se amplían los medios de pago o financiamiento, la opción es achicar gasto. Cuando el gobierno central decide no compartir los pesos que obtiene vía emisión, no lo hace por el temor a alimentar la inflación (argumento que el BCRA no convalida) sino para que el costo del ajuste lo pague otro.