Entre sus argumentos señaló que esta ley ?no se vincula solamente a supuestas inversiones extranjeras y al narcotráfico, sino que contiene la posibilidad cierta de condenar durísimamente cualquier delito que un juez estime que se realiza o realizará con "la finalidad de generar terror en la población", lo que denota un concepto tan abierto, amplio e impreciso que podría validar cualquier atropello estatal a casi cualquier conducta personal o grupal?.

Consideró además que ?condicionamiento de la protesta social enturbia los avances conseguidos en nuestra democracia, y afectará a quienes protesten o realicen movilizaciones en el futuro. No puede ni debe el Estado, ni ninguno de sus poderes, juzgar la intencionalidad de las personas que protestan. Las motivaciones o finalidades de las acciones, así como las intenciones y las ideas, no pueden ni deben ser materia de acción estatal?. En tal sentido recordó como antecedente ?la ley de facto 17.401 de la dictadura de Onganía, que bajo el pretexto de reprimir al comunismo otorgaba a la SIDE el poder de calificar a personas o grupos de comunista, extremista o lo que fuese para condenar a cualquiera por su actividad política?, preguntándose ?¿Quién o qué organismo va a decidir de ahora en adelante qué es y qué no es "terrorista?? Finalmente se ?exhorta a las autoridades nacionales y al Congreso de la Nación a revocar esta ley, así como a rechazar toda propuesta y/o reclamo de organismos internacionales que vulnere derechos fundamentales?.