A un mes del decreto de la presidenta Cristina Fernández que prohíbe la publicación de avisos clasificados en los diarios que promueven la oferta sexual, para prevenir el delito de trata de personas con fines de prostitución, la titular del Consejo Provincial de las Mujeres, Graciela Cardone, manifestó que la medida “es perfecta” porque se enmarca en la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres.

“Estos avisos que se ofrecen entre los rubros de compra, venta y alquiler de objetos nos ubicaba a las mujeres en un plano de cosificación”, señaló.

Precisó que este decreto es sólo un avance en la lucha contra la explotación sexual “que es una especie de esclavitud de este siglo”. Agregó que desde el organismo que preside “intentamos sumar todas las acciones positivas en la lucha contra la explotación sexual como así también para erradicar la violencia hacia las mujeres”.

En cuanto al debate generado a partir de la acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional presentada por el diario Río Negro, que consideró que el decreto es inconstitucional y lesivo de la libertad de expresión y discriminatorio del libre ejercicio de una actividad lícita, Cardone expresó "acá lamentablemente no se estaba cumpliendo lo que se trató en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995 donde se consideraba a los medios de comunicación como un área prioritaria de incidencia en la necesidad de políticas públicas y en ese momento la necesidad era la de eliminar la imagen estereotipada y sexista de las mujeres”.

Si bien acuerda que cada ciudadano o empresa tiene derecho a apelar ante la Justicia, subrayó que la postura del diario Río Negro “está más ligada a la recaudación que les deja este tipo de avisos que siguen publicando. La apelación del diario está fuera de contexto y especialmente de la prioridad del decreto: establecer una acción para luchar contra la trata".

Acciones más directas

Cardone destacó que el Consejo que preside junto con otros organismos provinciales está trabajando en relación a la modificación de leyes que tienen como eje central los derechos de las mujeres como la 2.212 de violencia familiar y la aplicación de la 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. "Tendríamos que tener leyes con aplicación de acción más directa”, afirmó.

Consideró que ninguna mujer "quiere prostituirse" pero existe "un círculo que las obligan, las amenazan, y eso es lo que cuesta romper, por eso la necesidad de la información y de la opinión pública para que ayuden a estas mujeres que están en situación de vulnerabilidad para que tengan la valentía de romper ese círculo y desde el Estado protegerlas, ayudarlas e insertarlas en la sociedad con un trabajo digno".

Lamentó que las leyes "no amparan a estas mujeres, y es en esa brecha que aprovechan las redes de trata". "No todas tienen la oportunidad de hacer la denuncia, por eso debe existir desde el Estado más protección, necesaria para que estas mujeres se animen a romper el silencio y puedan denunciar sin temor a que las amenacen”, concluyó.