Pero, como nos ocurre con el petróleo y la pesca en Malvinas, cuando capitales oportunistas se montan sobre prepotencias colonialistas como las de Gran Bretaña, los Estados perjudicados deben poner los puntos ante el resto de la comunidad y recurrir a los recursos legales más severos para sostener lo que dictan el derecho y el mínimo sentido común.

Es lo que hace ahora nuestro país ante los acuerdos de la británica Falkland Oil and Gas Limited (FOGL), que opera ilegal y clandestinamente en la plataforma continental argentina. Como corresponde a una Nación soberana, Argentina iniciará acciones administrativas, civiles y penales previstas en normas argentinas, incluyendo las relativas a la protección del medio ambiente, además de advertir sobre los convenios ilícitos a los mercados bursátiles y sus autoridades de control. La pretensión británica de autorizar o realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos es contraria a una de las tantas resoluciones de la Asamblea General de la ONU (31/49), que requiere que ambas partes se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación de las islas, mientras se encuentre pendiente de solución la controversia de soberanía entre los dos países. Desde que el Reino Unido pretendió, a principios de los '90, promover y autorizar la exploración de hidrocarburos en áreas de la plataforma continental argentina, Argentina protestó y rechazó esa pretensión y advirtió a las empresas involucradas que violarían normas nacionales e internacionales. Argentina está informando también de la situación a los países miembros del Mercosur, de la Unasur y de la CELAC, que como nunca tradujeron ya su apoyo a nuestros derechos sobre las Malvinas y demás territorios y aguas del Atlántico Sur, imponiendo restricciones legales en sus propios puertos al despliegue de actividades que favorezcan la explotación ilegal de recursos naturales del área ocupada por Gran Bretaña desde 1833. En la última Cumbre de las Américas, EE UU reivindicó la coordinación en el continente de una política energética y de explotación de recursos naturales que esté al servicio del desarrollo de nuestros países y que proteja, a la vez, su medio ambiente. Exactamente lo contrario de lo que pretenden estos recientes acuerdos ilegales apañados por Gran Bretaña. Sería positivo, y de esperar, el acompañamiento del gobierno estadounidense ante el riesgo de dificultades políticas como las que plantean estas maniobras, más en un área siempre sensible para nuestro país. Como dijo en la Cumbre el presidente Barack Obama ante un grupo de empresarios, "no se puede tener, a largo plazo, economías exitosas si no se tienen y se siguen algunos principios básicos: democracia y ley".