Pasan los años, las gestiones y los nombres de dos gobernadores, pero el perfil que Unión por Córdoba le ha otorgado al Poder Legislativo provincial no cambia: poca influencia, escaso protagonismo, relativa autonomía y menos “poder” (ver Ranco y Narducci, los más faltadores).

Es lo que ponen en evidencia las estadísticas de los seis primeros meses de trabajo de la actual conformación de la Legislatura, con números y porcentajes similares a los que se han registrado desde 2001 cuando, con un amplio apoyo popular, el delasotismo convirtió al parlamento local en Unicameral.

En estos seis meses, según la información oficial, la Legislatura, que tiene una amplia mayoría oficialista, realizó 25 sesiones (22 ordinarias, dos especiales y una extraordinaria) y sancionó 35 leyes provinciales, entre las que se cuentan las que tienen como objetivo ratificar convenios o decretos firmados por el Ejecutivo, y las que declaran de utilidad pública bienes inmuebles sujetos a expropiación.

El gran legislador. De esas 35 leyes aprobadas en los últimos seis meses, 32 (el 91,4 por ciento) fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo provincial; y sólo tres iniciativas (el 8,6 por ciento) surgieron de proyectos elaborados por legisladores de este y de anteriores mandatos.

Esto significa, como admitió una autoridad de la Cámara, que el gobernador de la provincia sigue actuando como el gran legislador.

De las 32 leyes que nacieron en el Poder Ejecutivo, 14 tuvieron como finalidad la expropiación de inmuebles para diversas obras; cinco fueron ratificaciones de convenios y decretos; una se sancionó para oficializar el radio urbano de una población; y las restantes se aprobaron para crear programas de gobierno, para establecer políticas específicas o para modificar legislación anterior (ver aparte).

De estas, las más importantes fueron: la creación de un fuero judicial específico para la lucha contra el narcotráfico; la creación del programa provincial contra la explotación sexual y la trata de personas; la que estableció el Código de Procedimiento Tributario Municipal Unificado; la que creó un subsidio honorífico para ex presos políticos; y la que estableció el programa provincial “Derecho Complementario por Nacimiento”.

Las leyes aprobadas que surgieron por iniciativa de los parlamentarios –no del Ejecutivo– fueron tres: la Nº 10.058, sobre “declaración de voluntad anticipada-muerte digna”, impulsada por varios legisladores de distintos bloques y a través de proyectos nuevos y antiguos que fueron compatibilizados; la que declaró 2013 como “Año de la Universidad Nacional de Córdoba”, impulsada por el legislador Carlos Alesandri (Unión por Córdoba) con motivo del 400º aniversario de la UNC; y la que declaró monumento histórico provincial al ramal ferroviario Central Norte Argentino, fundamentada por el parlamentario Pedro Schiavoni (Unión por Córdoba), del departamento Río Primero.

Además de las leyes, en las 25 sesiones de 2012 se realizaron 22 homenajes y se aprobó una docena de pliegos de candidatos a juez, fiscal o asesor letrado.

Debate para aportar. Que la inmensa mayoría de las leyes sancionadas haya nacido en el Poder Ejecutivo no significa que los legisladores no trabajen. Es cierto que hay algunos que se limitan a asistir a las sesiones ordinarias y a algunas de comisión, y que no generan proyectos más allá de esos que proponen la adhesión legislativa a fiestas regionales.

Pero hay otros parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición, que no sólo asisten a las reuniones de comisión, sino que también elaboran proyectos y participan en los debates para proponer cambios para mejorar las iniciativas legales ajenas, sobre todo las que envía el Ejecutivo. Así, el aporte de ideas o correcciones concentra hoy gran parte del trabajo del Poder Legislativo.

Eso se ha visto en las reuniones de comisiones que debatieron, por ejemplo, los programas de lucha contra el narcotráfico y contra la explotación sexual y trata de personas, durante las cuales algunos legisladores oficialistas y de la oposición introdujeron cambios mejoradores.

Aurelio García Elorrio, legislador del bloque unipersonal de Encuentro Vecinal Córdoba, destacó esta posibilidad. “El oficialismo no aprueba nuestros proyectos pero, por lo menos, en algunos casos, como en el del blindaje provincial al narcotráfico, permitió que introdujéramos algunas mejoras”, señaló.

Desde el oficialismo defienden este perfil parlamentario, de aprobar todo lo que envíe el Ejecutivo y no mucho más, como lo han hecho siempre desde la última década, con el argumento de que “es el Gobierno elegido por la mayoría de los ciudadanos el que define las políticas que se llevan adelante”.

Este argumento se utiliza para justificar que más de un centenar de proyectos de ley presentados en este medio año de gestión por distintos legisladores estén muy guardados en un cajón.

Miembros de los bloques del Frente Cívico, de la UCR y del Frente de Izquierda y los Trabajadores se viven quejando de esta modalidad. Coinciden en que este perfil “le quita autonomía al Poder Legislativo, que en vez de trabajar como un poder autónomo lo hace como una escribanía de lujo”.