Juan Lewis, ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe opinó en contra de la decisión que aprobó el Senado este jueves , que avaló casi por unanimidad (no votó el senador por Rosario Miguel Lifstichz por estar ausente) el resto de los senadores. “No estoy personalmente de acuerdo con este proyecto, entiendo que vulnera la lógica en la materia ha sentado el código procesal penal, porque la trastoca u hace que se vuelva a la lógica del viejo código procesal penal, que fue derogado por la Legislatura y que, en algún sentido la propia Legislatura volvería (si se aprueba en Diputados) sobre sus pasos, porque no ha y que olvidar que es una norma reciente, votada a mediados del 2007 y que está en vigencia. Además, se volvió a votar en 2008, cuando se votó la ley de implementación entre lo que se encontraba todo el capítulo relativo a las medidas cautelares.”, señaló el funcionario al programa periodístico “Zona Crítica” (Cablevisión), el jueves por la noche. “Todo ese capítulo –continuó el ministro – relacionado a las medidas cautelares se empezó a implementar por lo que resulta contradictorio que la misma Legislatura lo cambie, desnaturalizando el código y además pone a Santa Fe en una situación complicada porque las cuestiones que propone el proyecto son de dudosa constitucionalidad”.

¿Lo tomó por sorpresa la situación?, se lo pregunto en el sentido que no sólo Enrico, que pertenece al Frente Progresista, lo avaló sino que además recibió el apoyo de otros senadores del partido del Gobierno que, puedo imaginar, tienen espacios institucionales y formales donde se pueden discutir estos temas -le preguntó el periodista Héctor Galiano.

No me tomó por sorpresa. Tampoco me parece mal que estos temas se discutan y debatan en donde debe ser, que es la Legislatura. Yo tuve conversaciones con Enrico, quien me trajo primero lineamientos generales y luego el proyecto como lo terminó presentando. No le manifesté mi posición contraria y hasta le sugerí algunos cambios. El senador tiene una legítima preocupación por la seguridad y me parece lícito que lo pueda discutir. Insisto, igualmente, para mí es un proyecto jurídicamente incorrecto. Además, le manifesté a Enrico que había cuestiones de oportunidad que había que tener en cuenta y que aconsejaban no modificar un sistema de enjuiciamiento que aún no tiene plena vigencia, pero que en breve la tendrá.

El argumento de Enrico

El proyecto de Enrico propone modificar los artículos que regulan figuras como la prisión preventiva o las excarcelaciones, dándole más facultades al juez penal y restringiendo el beneficio a los imputados. Durante la discusión parlamentaria, el propio Enrico argumentó sobre la relevancia de la problemática planteada: “Los pactos internacionales han sido mencionados en los últimos días porque un miembro del Poder Judicial se manifestó contrariamente a esta ley. Lo cual quiero desmentir categórica y enfáticamente –exaltó el senador radical–porque eso es frivolizar el debate de la inseguridad. De ninguna manera, esta ley irá en contra de un pacto internacional”.

En su alocución, el legislador aludió a la responsabilidad de los jueces al decir que “ningún pacto se establece que un Estado no puede regular la prisión preventiva”. Y subrayó: “Si los jueces nos garantizan que van a trabajar más rápido, van a dictar sentencias y no se les van a prescribir las causas en las manos, estas leyes nos las discutiríamos. Pero mientras tengamos procesados con seis o siete causas abiertas –fundamentó–, cuya libertad pone en peligro el derecho de la gente, tenemos que discutir necesariamente estas leyes”.