Un ex empleado lo señala como "una de las personas que mantuvo económicamente a quienes fueron represores del Estado" durante la pasada dictadura cívico-militar.

Levín está acusado de haber promovido las detenciones ilegales y apremios ilegales de ocho empleados de su empresa de transporte, La Veloz del Norte.

Los trabajadores sostienen que fueron torturados y obligados a responsabilizarse por una estafa y un hurto que no habían cometido, y por los que luego fueron sobreseídos.

Las detenciones y torturas, cometidas entre diciembre de 1976 y mayo de 1977, fueron denunciadas por Miguel Angel Rodríguez y Víctor Manuel Cobos.

En la década del 70 Cobos era delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en La Veloz. El ex chofer de colectivos asegura que por su función tuvo discusiones con Levín y afirma que esto motivó que fuera vigilado. Cobos fue detenido cuando se encontraba en la empresa, por el subcomisario Víctor Hugo Bocos (hoy imputado), sobre quien dijo que "mantenía contacto frecuente" con Levín y que incluso se movilizaba en un automóvil cedido por el empresario.

Cobos consideró que por su lucha gremial "era una molestia dentro de la empresa" y "por este motivo es que comenzó la persecución en mi contra, me imponían castigos que consistían en cambios de líneas, modificaciones de servicio, etc. que me perjudicaban en forma económica".

Tanto Cobos como otros empleados detenidos en la década del 70 refieren que Levín concurrió a la Comisaría Cuarta cuando eran sometidos a torturas.

Además de Cobos, en la causa también declararon, en calidad de testigos, los ex empleados de La Veloz Miguel Angel Rodríguez, Nolberto Justiniano, Manuel Eugenio Modad, Carlos Lídoro Aponte, Juan Alberto Alonso, Jorge Arturo Romero y Rubén Héctor Vrh. Todos confirmaron la denuncia.

La acusación sostiene que el empresario tenía una relación de colaboración mutua con policías de la Comisaría Cuarta, a quienes proveyó de vehículos que utilizaban para realizar las tareas de seguimiento y represión de los sindicalistas y trabajadores de la empresa.

La Comisaría Cuarta ha sido identificada por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) como un centro clandestino de detención.

Esta es la segunda citación a Levín, quien se niega a concurrir ante el juez Federal Julio Leonardo Bavio. Por este motivo, la nueva citación indica que deberá ser conducido por la fuerza pública si persiste en su negativa a presentarse en el Juzgado Federal de Salta.

En oportunidad de la primera citación, el 6 de febrero, el abogado René Gómez, defensor del empresario, presentó un escrito afirmando que no correspondía que fuera indagado porque no incurrió en los delitos que se le atribuyen y pidió que se declararan nulas todas las resoluciones judiciales surgidas a partir de la denuncia de Cobos.

Pero el juez Bavio rechazó este planteo recordando, entre otras argumentaciones, que la indagatoria es precisamente el ámbito para que el acusado haga su descargo y ejercite su defensa.

Levín también argumenta que no puede ser acusado por delitos de lesa humanidad porque es un civil que no ocupaba cargos públicos.