El acta comienza con el compromiso del gobierno para pagar el aumento acordado sin necesidad de que se convirtiera en Ley, pero a renglón seguido se señala que “los representantes docentes consideran la necesidad de adecuación de la legislación vigente que rige el Sistema Educativo Provincial en un todo de acuerdo con el acta de fecha 14 de Abril de 2010”.

Esto da pie a 5 ítems de acuerdos entre las partes. El primero de ellos lleva como subtítulo “Hogares Escuela”, el segundo “Zona”, el tercero “Reglamentación Artículo 23 Constitución Provincial”, el cuarto “Jubilación”, mientras que el quinto y último tiene como subtítulo “190 días de clases”.

Respecto del primer subtítulo, se inicia con el discurso oficial de la desinstitucionalización existente en San Luis, mencionando la creación de “Familia Solidaria”, lo que da pie para señalar que “en virtud de lo señalado se continuará con el proceso de desinstitucionalización en las escuelas hogares provinciales hasta alcanzar la completa inserción de los niños en el núcleo familiar. Este proceso se hará atendiendo la situación social de cada niño y adolescente, respetando los derechos de los docentes involucrados. Se procurará que los niños concurran a las escuelas más cercanas a su vecindario, retornando diariamente a sus domicilios. Los docentes trabajarán preferentemente en la zona en que viven”.

Respecto del segundo ítem, “Zona”, también es el discurso oficial el encargado de dar introducción al tema, en este caso refiriéndose a la “obra pública”, donde se destaca que “la inmensa mayoría de las escuelas dispone de cloacas, agua potable, luz eléctrica, gas natural o embasado, teléfono, conectividad a Internet”, además de mencionar que las ciudades cercanas a las zonas desfavorables cuentan con buen transporte, hotelería, etc.

Esto permite acordar entre los gremios y el gobierno, que existe “la necesidad de iniciar un proceso de parametrización de zonas educativas y la consecuente rezonificación. En este trabajo se respetarán las particularidades de cada región y se contemplarán las situaciones excepcionales que se presenten. El resultado de este trabajo comenzará a regir desde 2011”.

El tercer ítem es tan corto como contundente, señalando que “el Poder Ejecutivo Provincial procederá a la reglamentación del mencionado artículo (el Nº 23). Los efectos de dicha reglamentación se aplicarán de un modo gradual y sin afectar los derechos de los docentes”.

En cuanto a la jubilación, en el cuarto punto del acuerdo, se comienza haciendo un análisis de las condiciones que se requieren para jubilarse, para sostener que “resulta pertinente establecer para el sistema educativo, un régimen de jubilación automática que respete la legislación vigente, los intereses de la provincia y los derechos de los docentes”.

En el último y quinto acuerdo, se dedica la introducción a nombrar normas e instituciones, hasta internacionales, para hablar del derecho del niño, por lo que “LAS PARTES se compromete solidariamente a responsabilizarse al dictado de un CICLO LECTIVO ANUAL MÍNIMO DE CIENTO NOVENTA (190) días efectivos de clase en todos los establecimientos educativos de la Provincia en que se imparte Educación inicial, primaria, secundaria y superior”.

Por si todavía no queda bien en claro, esta acta lleva la firma de Carlos Rojas (UTEP), Roberto Ceballos (UDA) y Pablo Giménez (SADOP), éste reemplazando a Juan Accornero, pero con total acuerdo entre ambos; quienes en conferencia de prensa informaron que dejaban la mesa de diálogo, debido a que el gobierno ‘en forma unilateral’ había decidido legislar el tema educativo, precisamente con los puntos que ellos mismos firmaron en este acuerdo.