La última sesión legislativa dejó un sabor amargo y preocupación en el bloque oficialista, que tuvo que batallar en clara desigualdad numérica contra las acusaciones hacia uno de sus intendentes y su esposa (diputada provincial) por los incidentes ocurridos el último fin de semana en la ya tan nombrada gresca de La Leonesa.
No sólo diputados de la Alianza avalaron la presentación, sino que hubo votos del propio justicialismo, lo que marca las diferencias internas y enciende la alarma para el presidente del bloque Ricardo Sánchez, que no puede conseguir el acompañamiento de los diputados aborígenes en temas clave (municipalización de El Espinillo). En la misma sesión otros integrantes no siguieron la posición conjunta en lo que hace a los incidentes en La Leonesa.
Lo cierto es que los diputados Inocencia Charole, María Lidia Cáceres, Egidio García, Wilma Molina, Gustavo Carballo y Betina Vázquez no siguieron la moción de archivo de su bloque y apoyaron el reclamo de sus pares en contra de Insaurralde.
El planteo
Por más de una hora y media la Cámara de Diputados puso sobre el tapete la discusión sobre las inmunidades legislativas derivado de los sucesos ocurridos en La Leonesa. Los legisladores que denunciaron ser agredidos pidieron la exclusión de Insaurralde luego de que sea analizado por la comisión de Asuntos Constitucionales, donde sin duda las partes podrán aportar pruebas y ejercer derecho a defensa. Más allá del planteo legal, Bolatti expresó que “estamos ante un hecho de gravedad institucional y la Legislatura no puede estar ajena. Creemos que la comisión de constitucionales es la adecuada para analizar y aportar una propuesta en correlación con el artículo 105 de la Constitución Provincial y que analice la posibilidad de aplicar sanciones a una integrante del cuerpo”.
Primera defensa
El justicialista Oscar Raffín expuso que producto de la labor a veces arrolladora dentro del recinto “terminamos aprobando cuestiones que nos afectan a todos”, sosteniendo que todo arranca mucho antes de los acontecimientos del sábado. “Este recinto fue testigo del día en que se acreditó un trabajo científico (sobre glifosato) que no tiene rigurosidad”. Además puso en tela de juicio la credibilidad del investigador Andrés Carrasco, sosteniendo que “desde el Conicet hay un informe firmado por 9 profesionales que no aceptan el trabajo del supuesto científico Carrasco y determinan que no está demostrado que el glifosato tiene consecuencias para la salud humana”. Esas expresiones merecieron la respuesta de la aliancista Delia González, quien repudió los hechos vergonzantes sufridos por “dos prestigiosos investigadores” en oportunidad de intentar brindar una charla educativa sobre los probables efectos dañinos de herbicidas en particular el glifosato. “Me parece inaceptable que se les falte el respeto refiriéndose como seudocientíficos. Carrasco no se arrogó representación del Conicet ni sembró alarma a nadie; si alguien se asusta al ver imágenes no agradables, no es su culpa”.
En desacuerdo
Sánchez salió en defensa de Insaurralde dando cuenta de que tenía gruesas diferencias con las presentaciones de sus pares, que pretenden aplicar el artículo 105 de la Constitución Provincial. “Aviesamente se genera un proyecto quizá con el objeto de proseguir en una cuestión mediática; se pretende imputar a la diputada incluso usando una potestad disciplinaria que hace referencia a una alusión irrespetuosa y otras cuestiones que pueden producirse hoy en esta Legislatura. Es imprescindible delimitar con certeza y claridad cuáles son las inconductas que supone que la legisladora lesionó el interés público”.
Fabio Molinas




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