El presidente del Instituto Municipal para la Tierra, la Vivienda y el Hábitat Social (IMTVHS), Oscar Zamora, destacó en 2009 la firma del convenio sobre la autoridad de aplicación de la Ley, comprendiendo que esta herramienta legal posibilitaría “desplegar distintas acciones desde el Municipio para avanzar en poder regularizar la situación dominial de muchos vecinos de la ciudad”, como los moradores de los barrios Eva Perón, El Progreso y el Lera, donde “muchas familias permanecen por más de una generación”.

La adhesión, era un reclamo que las organizaciones integrantes de la Mesa de la Tierra venían realizando, comprendiendo que la herramienta permitiría legalizar situaciones legítimas en distintos puntos de la ciudad.

Viviana Alonso, integrante de la Fundación Gente Nueva, aseguró que hasta el momento sólo se ha avanzado en el relevamiento de la situación, y explicó que “hacen falta más convenios con la provincia para seguir avanzado”. Al respecto, indicó que la próxima instancia requerirá de fondos o un acuerdo con agrimensores y escribanos. “Tenemos el compromiso del IMTVHS de seguir trabajando en esto, pero ahora estamos en un impasse electoral”, afirmó.

De todas formas, Zamora destacó: “desempolvamos la Ley y empezamos a avanzar, pero la autoridad de aplicación es la provincia, que aún no la reglamentó, por lo que podemos avanzar en algunos aspectos y en otros no”. Luego, señaló: “Somos el único municipio de la provincia de Río Negro trabajando en la implementación de la Ley Pierri”.

Asimismo, informó que “ya enviamos una propuesta de convenio, para que nos deleguen más facultades, para definir cómo trabajar y financiar agrimensores y escribanos”. El presidente del Instituto señaló como una traba los valores de los terrenos en la ciudad, ya que “la ley establece límites para la valuación fiscal, por lo que también tenemos que pedirle a la provincia que se habiliten valores más altos”.

La normativa que se aplicó con éxito en Tucumán y Buenos Aires preveía originalmente la regularización de las ocupaciones continuas y pacíficas acontecidas con anterioridad a 1985, pero luego se extendió el plazo hasta el 31 de diciembre de 2005. (ANB)