La Sala I del Contencioso intimó al ministro de Salud a disponer una ambulancia en la villa de Barracas y no dio lugar a la recusación contra el juez Andrés Gallardo. El funcionario tiene cinco días para cumplir, sino será multado.
Asimismo, el tribunal de alzada, la Sala I, no aceptó la recusación contra el juez Andrés Gallardo que solicitó el gobierno PRO. “No existe odio, resentimiento, o enemistad hacia el ministro de Salud”, figura en el expediente caratulado “Villa 21-24 (La Toma) contra Instituto de Vivienda” al que accedió NOTICIAS URBANAS.
En una audiencia judicial, a principios de abril, se demostró que tras un año del acuerdo interministerial para asistir a los adictos al paco de la villa continuaba el incumplimiento de colocar una ambulancia. Ese acuerdo fue firmado por el propio ministro Lemus y por ello, el asesor Tutelar de Menores e Incapaces, Gustavo Moreno, solicitó al juez Gallardo interponer contra Lemus una multa por mil pesos por día ante el incumplimiento y el bloqueo de todas las cuentas bancarias y crediticias. El gobierno apeló y hace una semana la Sala I respondió.
Los jueces Inés Weinberg, Carlos Balbin, Horacio Corti ratificaron en su sentencia que existe incumplimiento por Jorge Lemus. En este caso los camaristas bajaron la multa a la mitad de lo solicitado por el asesor Tutelar Moreno y destacó que la multa entrará en vigencia a los cincos días de ser notificado en persona el titular de la cartera de salud.
El acuerdo interministerial por el consumo de sustancias pscioactivas entre niños y adolescentes involucra a la ministra de Desarrollo Social María Eugenia Vidal y al Consejo del Niño, Niña y adolescente. Este acuerdo de ministerios ante la justicia es producto de una medida cautelar que data del año 2007 y que fuera confirmada por la Sala I.
El compromiso de Jorge Lemus excede a la ambulancia. Debería existir en la villa con altos índices con consumidores de paco (por ende de vendedores) “cinco médicos, ambulancias a demanda, psicologos y psquiatricas más el servicio de guardia en el Hospital Pedro Elizalde.
En el marco de esta causa fue allanado el Ministerio de Salud en busca de notificaciones al personal para implementar el plan. Tras esa acción quedo demostrado que el gobierno informó a los cuadros intermedios sobre el plan dos meses después del acuerdo en el juzgado con el gobierno.
El Gobierno porteño argumenta que “no son necesarias nuevas asignaciones de personal ya que se cuenta con un equipo en guardia pasiva”, figura en el expediente 12975.
En la causa se asegura que el Plan Integral Multidisciplinario de Trabajo en la villa existe por la proliferación de adiciones vinculados con la pasta base de cocaína (paco) en menores de edad.
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