"Me llama la atención que los diputados se estén ocupando de esto; solo puede entenderse como una chicana política", disparó Leiva.

Guerrero presentó un proyecto de declaración en el que expresa su preocupación y repudio por la conducta Leiva, ya que aseguró que siendo abogado del Tribunal de Cuentas ejerce la representación de Aguirre en la causa de amparo articulada en contra de la Cámara de Diputados. Para la diputada, se trata de una situación incompatible y de "gravedad extrema", pues al abogado litiga en contra de un cuerpo del Estado como la Cámara de Diputados.

En ese marco, Leiva explicó que no existe ninguna incompatibilidad, ya que la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado, a la cual hace referencia Gerrero, no es aplicable al personal del Tribunal de Cuentas.

Además, manifestó que el artículo 18 de la ley 1553 -de Fiscalía de Estado-, al mencionar quiénes integran el Cuerpo de Abogados de Fiscalía de Estado, excluye de manera expresa a los abogados de las instituciones autárquicas.

"El Tribunal de Cuentas no depende de ninguno de los poderes del Estado, ni jerárquicamente ni administrativamente y tiene sus propias autoridades. Es un órgano extra poderes, que ejerce el control externo sobre los tres departamentos del Estado y sobre los municipios", aclaró.

En el ámbito del TC, señaló, que la acordada Nº 800 es el Estatuto del Personal y no contempla ninguna prohibición ni incompatibilidad para los abogados del cuerpo para actuar en un proceso judicial como el que tramita Aguirre en contra de la Cámara de Diputados.

Solo se encuentra prohibido para sus empleados “patrocinar o representar a personas físicas o jurídicas que exploten privilegios o concesiones del Estado”.

Leiva anticipó que iniciará acciones legales contra Guerrero por daño moral hacia su persona.