El fallo absolutorio en el juicio por la desaparición de Marita Verón agitó el clima político e institucional en Tucumán y seguramente ocupará gran parte del debate de la última sesión del año de la Legislatura, convocada para hoy, a partir de las 9.00.

En lo que se presagia como un maratónico plenario, el orden del día está compuesto por una veintena de proyectos, algunos de los cuales prometen generar fuego cruzado entre oficialistas y opositores. Entre estos se destaca la prórroga, por otro año más, de la Ley de Emergencia Económica y de la norma que dispone la Inembargabilidad de los Fondos de Desarrollo del Interior, que rigen desde hace más de una década, cuando gobernaba Tucumán Julio Miranda.

Desde la oposición, el bloque radical ya adelantó su rechazo a esas iniciativas, con el argumento de "el Gobierno pretende seguir gestionando con la excepción como regla y sin dar cuentas del real estado financiero de la provincia" (ver nota aparte). La Cámara también tratará un proyecto de resolución mediante el cual la Provincia se adherirá a la Ley Nacional sobre Trata de Personas, aprobada el último miércoles en el Congreso de la Nación.

Contratación directa

Otro tema que seguramente encontrará reparos por parte de las bancadas minoritarias es el proyecto que autoriza al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a esquivar el mecanismo de licitación pública para contratar en forma directa la adquisición de materiales, bienes e insumos para la construcción de viviendas para pueblos originarios y rurales. La medida se encuadra en el Programa Federal de Viviendas y establece que para la construcción de las casas, que demandará una inversión cercana a los 7 millones de pesos, con fondos nacionales no reintegrables, deberán ser contratadas empresas constructoras, cooperativas o comunidades de pueblos originarios organizados con capacidad para realizar este tipo de emprendimientos.

Resguardo a Cortalezzi

La cámara también debatirá un proyecto que establece cambios al Estatuto de la Caja Popular de Ahorros (CPA), suprimiendo las pautas que no permiten que los legisladores puedan ocupar cargos de conducción en la entidad crediticia. Con esta medida, el oficialismo busca conjurar los planteos políticos y judiciales que realizó la Asociación Bancaria cuestionando la designación de Armando "Cacho" Cortalezzi, quien en octubre tomó licencia en la Cámara para asumir como interventor de la CPA.

Otro de los temas del orden del día es el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo para la modificación a la Ley de Ministerios, retrotrayendo la conformación del gabinete y definiendo el regreso de la Secretaría General de la Gobernación, en reemplazo de la Cartera de Coordinación. Ese cambio en el organigrama fue resuelto por el gobernador José Alperovich tras la asunción de quien ocupaba el Ministerio de Coordinación, Jorge Gassenbauer, en Seguridad, para reemplazar a Mario López Herrera, quien abandonó el cargo en medio de fuertes cuestionamientos por parte de Susana Trimarco, la mamá de Marita.

Desde el lunes asumió como nuevo secretario General de la Gobernación Pedro Giudice, quien fue Fiscal de Estado entre 2008 y septiembre de 2011, cuando debió renunciar por las denuncias en su contra a raíz de una presunta maniobra irregular en pagos millonarios en perjuicio del erario público.

En el recinto los legisladores también tienen previsto prestar su acuerdo a los pliegos de tres abogados propuestos para ocupar cargos en el Poder Judicial. Estos son María del Carmen Domínguez, para Vocal de la Sala I de la Cámara del Trabajo, Rosario Nougués, como Defensor Oficial en lo Penal de la Iª Nominación y Reymundo Bichara, nominado como Juez de Iª Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la IIª Nominación.

Marcha atrás del oficialismo

Por otro lado, se debatirá una modificación a la Ley Orgánica de Tribunales, a raíz del fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, a instancias del Colegio de Abogados, que le puso freno a la norma aprobada en febrero pasado por el oficialismo que preveía la designación de conjueces para el reemplazo transitorio de algún vocal de la Corte, en caso de vacancia, por recusación o inhibición. Obligado por esa sentencia, el alperovismo volverá al viejo esquema y los miembros del alto tribunal serán sustituidos primero por camaristas; luego por jueces de primera instancia -que reúnan las condiciones para ser vocales- y, por último, por los conjueces de la lista que cada año elabora la Corte.

Además, los parlamentarios autorizarán a la Caja Popular de Ahorros para otorgar subsidios a los clubes Atlético, San Martín y San Jorge; y debatirán la prohibición del uso en los colectivos, por parte de los usuarios, de equipos musicales sin auriculares.

Finalmente, está previsto el debate de un proyecto de resolución por el cual la Provincia se adherirá a la ley Nacional sobre Trata de Personas aprobada en el Congreso.

Radicales votarán contra la prórroga de la Emergencia

Los legisladores radicales Federico Romano Norri y Roberto Sánchez (bloque Hipólito Yrigoyen) anticiparon u rechazo al paquete de prórrogas de distintas emergencias con el que el oficialismo espera cerrar el año en la Legislatura tucumana. Según los opositores, "el Gobierno pretende seguir gestionando con la excepción como regla y sin dar cuentas del real estado financiero de la provincia". Los dardos de los radicales apuntaron a la renovada prórroga de la Emergencia Económica y al nuevo congelamiento del reparto de recursos dispuestos por el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI). "Hace diez años que el alperovichismo gobierna la provincia en condiciones de excepción. El Presupuesto millonario que aprobamos para el 2013 no justifica sostener una situación que no hace más que sembrar sospechas sobre el real estado financiero de la provincia y generar desconfianza para los inversores", expresaron. Romano Norri y Sánchez calificaron de "maniobra anti-republicana" al régimen por el que el PE retiene y administra fondos que las corresponden a las comunas rurales. "Con la excusa de una emergencia que no puede justificar, el Gobierno retiene dineros que le corresponden por ley a municipios y comunas; y los maneja según criterios arbitrarios y estrictamente políticos”, advirtieron.