Informó además que remitió información al Superior Tribunal de Justicia para que actúe en el marco de las presentaciones judiciales realizadas por el personal que sigue en funciones a pesar de las observaciones.

La Asociación del Personal de Empleado Legislativo (APEL) quiere discutir en una mesa de negociación los nombramientos efectuados por la Resolución 142/03, dado que afirman “afecta los derechos del resto de los trabajadores”. Reclama también la nulidad de los concursos efectuados en el marco de la Resolución 118/2011 porque “se encuentra viciada la finalidad de los mismos y las graves irregularidades acaecidas durante su convocatoria, desarrollo y evaluación y los nombramientos efectuados como consecuencia de los mismos”.

La Asociación pide además la nulidad de los actos administrativos emitidos por la Legislatura dictados sólo a fin de poder efectuar los irregulares nombramientos que se atacan y que se haga reserva del caso federal atento a que “se encuentran en juego derechos de raigambre constitucional como el derecho al empleo público, la carrera administrativa y el escalafón”.

CUESTIONADOS

El gremio cuestiona los nombramientos de Graciela Almeira, Karina Selva Andrade, Annabella Muñoz, Guillermo Martoccia y Paula Mingo, dado que a la fecha de sus designaciones ocupaban cargos en la Legislatura. A saber: Mingo era secretaria Legislativa, Martoccia era secretario Habilitado, Andrade era asesora Legal y Almeyra asesora de bloque de la Legislatura.

Los cargos fueron “creados a la medida y conveniencia de los mismos, participando de la creación de esos cargos y de sus propios nombramientos”. Además fueron nombrados en la categoría auxiliar administrativo que no es la más baja del escalafón, “cercenando el derecho a la carrera del resto de los trabajadores”.

OTROS 22

APEL pide también la nulidad de los nombramientos de otros 22 agentes ya que ingresaron a la planta permanente por una categoría más alta perjudicando el derecho de otros afiliados, cuestionándose además que nadie hizo un examen ni concurso previo y sus designaciones no tienen justificativo.

Citaron el caso de Carolina Todesco, que es extranjera cuando el estatuto dispone que debe ser argentina. “En el caso de Todesco y Mariano Martínez eran asistentes del bloque de la UCR (Tudesco está adscripta al Congreso de la Nación); y Eduardo González trabajaba en planta política del ARI”.

Detallaron además que “Grana, Barroso, Tellería, Mansilla y Roberts eran asistentes del PJ, Roberts y James del PROVECH; Peralta es hijo de la ex diputada Burgueño (si ello vale como experiencia legislativa); Alvarez es esposo de la ex diputada Marta Raso y está adscripto al Congreso de la Nación”.

De los restantes nombrados no se conocen antecedentes algunos, salvo su militancia en diversos partidos políticos y que muchos de los nombrados se encuentran adscriptos a otros organismos cubriendo cargos políticos como es el caso de Silvia Pecci --Municipalidad de Trelew--, y Juan Gallego goza de licencia política y trabaja en la Municipalidad de Sarmiento, según indicaron.