Los diversos proyectos que enuncian acciones concretas para evitar llevar adelante en la provincia prácticas como el aborto, siguen acumulándose en los despachos de la Legislatura local, a la espera que se dictamine su tratamiento en el recinto, situación que hasta ahora no se produjo de una manera explícita, más allá de meros pronunciamientos al respecto.

Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del cual se avaló la interrupción del embarazo en las mujeres que hayan sufrido casos de violación, varias fueron las voces que se alzaron para repudiar esta decisión judicial, que sin bien es aplicable a un caso en particular, sentará jurisprudencia para análisis similares que puedan concretarse.

En tal sentido, durante el transcurso de la semana que pasó, se presentaron dos nuevas iniciativas parlamentarias de distintas vertientes políticas que se focalizaron en destacar medidas preventivas que pregonen a la vida como derecho fundamental de las personas con el objetivo de evitar la realización de la práctica abortiva, actualmente respaldada por el protocolo elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación y que se aplica en Tucumán.

Al respecto, por un lado, desde el radicalismo, uno de sus representantes, Federico Romano Norri, elevó una iniciativa para garantizar el derecho a la objeción de conciencia para los profesionales de la salud que prestan servicios en el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), en caso de que les sea requerido a los galenos concretar un aborto.

La norma prevé que el Estado Provincial garantice el derecho fundamental a no actuar en contra de la propia conciencia personal. En este caso, quien integra el bloque Hipólito Irigoyen, define a la objeción de conciencia como el derecho subjetivo a no acatar una norma jurídica que imponga acciones u omisiones contrarias a las convicciones religiosas, morales o éticas de los sujetos involucrados (en referencia a lo estipulado tanto por el fallo del Máximo Tribunal, como así también lo señalado en el Código Penal).

"La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y el Pacto de San José de Costa Rica determina que nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que menoscaben la libertad de conservar su religión o sus creencias. Lo que buscamos es darle operatividad a esos principios en nuestros sistema judicial y administrativo", explicó Romano Norri.

La propuesta habilita la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia mediante la vía de un amparo judicial. También, dispone la creación de un Consejo consultivo para analizar las presentaciones que se realicen.

En referencia al trámite judicial para requerir la objeción de conciencia, se determina que los jueces deberán examinar si la situación está indubitablemente acreditada y constituye un precepto sustancial de la creencia que se invoca, consideró el correligionario.

También se les impone "efectuar un análisis de razonabilidad de la norma objetada, examinando si el Estado acreditó un interés público estricto en su cumplimiento por el objetor y la posibilidad de que existan medios alternativos menos restrictivos para la conciencia del demandante", se expresa en el proyecto.

Situaciones de conflicto

Por otra parte, José Páez (en representación de la Democracia Cristiana) redactó una iniciativa que persigue como finalidad la atención a la problemática de la mujer embarazada en situación de conflicto. El legislador opositor estima que, de este modo, "se afronta un problema social real existente de un modo eficaz, ordenado al orden natural y protegiendo no solo al niño por nacer sino además a la futura mamá, evitando así caer en el facilismo brutal de eliminar mediante el aborto al más indefenso, es decir al hijo en gestación en el vientre materno".

Con una postura claramente contraria a toda disposición que manifieste la interrupción del embarazo por métodos quirúrgicos y demostrando el espíritu de defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, Páez señaló que "el aborto no solo no resuelve el problema social que lo genera sino que además intenta disimular de un modo criminal las causales de esta problemática, so pretexto de unos inexistentes derechos de la mujer sobre un ser en gestación distinto a ella, privándola sí de los legítimos derechos que le asisten de recibir la protección del Estado cuando está en situación de conflicto", indicó.

En relación al articulado del proyecto de Ley en cuestión, debe mencionarse que el mismo se orienta a la protección de la persona por nacer desde el primer instante de la concepción, entendiendo por tal la fecundación del óvulo humano por el gameto masculino de la misma especie. Dicha protección se efectivizará a través del apoyo material y espiritual a la mujer embarazada en situación de conflicto.

De acuerdo a lo señalado por el legislador democristiano, la tipologia de mujer mencionada anteriormente hace alusión a "aquella que carezca de las condiciones subjetivas y objetivas indispensables para afrontar el proceso gestacional y/o la maternidad".

Asimismo, se propicia la creación del Fondo Provincial para la Vida cuya administración será ejercida por la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia que asignará recursos a instituciones públicas o privadas que manifiesten su voluntad de acogerse a los beneficios de la ley. "Es misión inexcusable de las instituciones procurar que la mujer no interrumpa el proceso gestacional", advirtió Páez.

Vinculado a ello y a modo de complementar las disposiciones, el artículo nueve de la norma destaca que "las instituciones beneficiarias se abstendrán en forma absoluta de intermediar en la colocación de niños o soluciones equivalentes. En el caso que las instituciones no logren por parte de la mujer la aceptación del hijo antes o después del parto, deberán orientarla hacia la autoridad competente en adopciones".

Vale mencionar que, hasta el momento, el parlamento local solamente se abocó a homologar proyectos de resolución en los que se manifiesta una lineamiento pro vida, pero aún no se inmiscuyó en un tratamiento legislativo específico sobre el aborto.

Tal situación fue génesis de cruces en la última sesión del cuerpo, dado que la radical Silvia Elías de Pérez intentó que se incluya como moción de privilegio, en el próximo encuentro, el análisis de una norma para evitar que se apliquen protocolos abortivos. La postura no recibió el apoyo de la bancada oficial, pese a la existencia de proyectos al respecto elaborados por los propios parlamentarios justicialistas.

“Se le niega la vida a un ser que posee dignidad y honor”

"Resulta hipócrita que el Congreso de la Nación haya establecido el 25 de marzo de 1998, como el "Día del Niño por Nacer", y también el derecho a heredar. O que ciudadanos argentinos breguen por los derechos de los animales, y que en Tucumán no se entienda que el aborto es un asesinato que niega el derecho a la vida de un ser que recién comienza a desarrollarse, que posee dignidad y honor", sostuvo el referente de P.E.R.O.N (ex Cruzada Peronista), Enrique Romero.

En este sentido el dirigente político señaló que el Protocolo elaborado por el SI.PRO.SA, significa en los hechos "la legalización lisa y llana del aborto en Tucumán".

A partir de ello, consideró necesario que los legisladores deban sancionar una Ley que lo prohíba, porque el aborto es una cuestión de Derechos Humanos y Civiles, ya que dentro del vientre de la mujer embarazada hay una vida humana, que está viva, no muerta, argumentó Romero.

"Nosotros preferimos adoptar la perspectiva que puede denominarse ética de los principios donde se toma cómo punto de partida el principio del respeto a la vida humana", reflexionó en un comunicado rubricado junto al secretario general de la agrupación, Adrián Lizárraga.