Las comisiones de Salud y Presupuesto de la Legislatura porteña firmó un despacho consensuado para el cual se tuvieron en cuenta dos iniciativas: una de Leandro Halperín, que propuso un marco regulatorio propio para la Ciudad y otra de la diputada María Rosa Muiños (Frente de Todos), que promovió la adhesión a la ley nacional 27.350 que regula el uso medicinal del cannabis.

“La regulación del cannabis para garantizar el derecho a la salud es una necesidad, y proteger a las familias que cultivan su propia medicina es imperioso”, dijo Halperín (UCR-Evolución).

El legislador sostuvo que muchas de las familias que cultivan cannabis para uso medicinal “todavía son criminalizadas y el Estado puede ofrecerles una mejor cara que mandarle policías. Eso es lo que estamos proponiendo hoy en esta Legislatura”.

Para Halperín “las omisiones de la ley nacional y las imperfecciones de su reglamentación generaron una zona gris y una intersección con la ley de drogas 23.737”, por lo que consideró que “las jurisdicciones, en el ejercicio de su autonomía tienen que producir regulaciones que dejen claro qué derechos prevalecen”.

Al respecto, afirmó que el proyecto consensuado en la Legislatura porteña “le da preeminencia a la salud cuando haya algún conflicto entre estas dos leyes”.

En uno de sus artículos, autoriza el cultivo personal a los “pacientes, sus tutores, curadores o representantes legales en las cantidades y formas que determine la legislación vigente” y en otro trecho prevé un acompañamiento del Estado a quienes lo realicen.

También plantea que el Estado de la Ciudad deberá promover la investigación en universidades y hospitales públicos. “Lo más importante de esta ley es el acuerdo robusto y responsable” entre los bloques políticos de la Legislatura, dijo Halperín en otro tramo de su intervención.

Y añadió: “Estamos produciendo un cambio cultural importante en la Ciudad, y este cambio en la capital de los argentinos y las argentinas va a irradiar al resto del país favorablemente”.

En tanto, Muiños destacó a su turno el acuerdo entre los bloques pero añadió que de ese consenso también fueron parte las organizaciones de la sociedad civil. “Presentamos a la Legislatura una necesidad que estaba latente. Muchos de nosotros conocimos esta problemática de la salud y sus posibles soluciones a través de la lucha de un montón de mujeres que buscaban una mejor vida para sus hijos”, dijo.

Y añadió: “Este es un primer gran paso. Estamos priorizando, por sobre la discusión político-partidaria, la ampliación de derechos. Es muy satisfactorio, en este año tan crítico, avanzar en temas tan delicados y sensibles. Esperamos votarlo lo más pronto posible”.