La primera sesión del año en la Legislatura tras la apertura formal fue extensa y tuvo como eje central el debate por los incendios desatados en la Cordillera. Oficialismo y oposición se pasaron viejas y nuevas facturas. Hubo acusaciones cruzadas y teorías de todo tipo sobre las causas del siniestro.

Una gran cantidad de legisladores participaron de la discusión que se prolongó durante varias horas. Al comienzo, se designaron los miembros de las Comisiones Permanentes y se procedió al sorteo de los integrantes de la Sala de Acusar y la de Juzgar (Ver página 4).

Tras los nombramientos, siguieron cerca de tres horas con opiniones, hipótesis, acusaciones y sólo algunas propuestas por los incendios de bosques. Dentro de este contexto fue que el Ejecutivo ingresó de manera formal la firma de los decretos para transparentar el negocio inmobiliario en la Cordillera, entre los cuales se destaca la prohibición por 10 años para la transferencia de tierras que tuviesen bosques quemados y por otra parte la intervención del IAC, que abrió una gran polémica en el recinto.

Al mismo tiempo, el jefe de la bancada de Chubut Somos Todos, Jerónimo García, presentó un proyecto por el cual “se prohíbe la enajenación o concesión de tierras de bosques nativos que hayan sido afectados por incendios, cualquiera fuera su origen o magnitud”. La iniciativa pasó a la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente y en principio tendría un argumento similar al esgrimido por el Ejecutivo.

Otra de las propuestas presentadas fue la del bloque del PJ, constituido por José Karamarko, Gustavo Muñiz y Carlos Gómez, en el cual se le solicita al gobernador Martín Buzzi la iniciativa de adquirir un hidroavión junto a otras provincias patagónicas y con la ayuda de Nación. Según el diputado Karamarko la compra de una aeronave de este tipo y de última generación rondaría los 25 millones de euros.

Discusiones

El que abrió la puerta en la discusión por los incendios fue el jefe de bloque de la UCR, Roberto Risso. Sin vueltas, relacionó el tema de los bosques directamente con la corrupción. Habló del negocio inmobiliario y también de las irregularidades en el IAC y en quienes han manejado dicho instituto.

“Sentamos un precedente en el mundo en cuanto a la pérdida de masa boscosa. La cuestión del bosque está vinculada con la sospecha de corrupción y la especulación inmobiliaria”. En primer término el radical apuntó contra el IAC. “Es el ente que tiene la potestad de administrar la tierra para el fomento rural” y sostuvo que es necesario que se conforme una Comisión para investigar los movimientos que hubo en dicho organismo del Estado en los últimos años. Medida que ya había sido votada el año pasado.

Apuntó que “durante el dasnevismo se sacó el directorio, se lo personalizó y una simple persona, el presidente, debía poner la firma para entregar las tierras, sin ningún tipo de acuerdo del legislativo. Tuvieron así facultades que no tiene ni el gobernador”.

El referente de la UCR por su parte planteó que hoy el principal negocio es la inversión inmobiliaria y lo puso a la altura del negocio del narcotráfico.

“En Cholila y sus cercanías hay cerca de 100 mil hectáreas de tierras. Y si tenemos en cuenta que el valor por cada hectárea hoy es de 100 mil dólares, hagan la cuenta. Es muchísima la plata”.

El polémico decreto 268

El diputado del Frente para la Victoria, Gustavo Reyes, fue al hueso contra el exgobernador Mario Das Neves. “Desde Chusoto (Chubut Somos Todos) piden respetar la ley y está bien. Pero también hay que respetar la Constitución. Das Neves violó la Constitución con el decreto 268, que estuvo en vigencia durante 60 días. En ese lapso, los intendentes vendieron tierras a mansalva”.

En dicha resolución que data de marzo de 2011, lo que se establecía era una división entre la tierra y el bosque (los árboles), quedando en manos de la provincia la zona arbolada, pero bajo la órbita de los municipios el dominio de la tierra. “Reconócese que las tierras fiscales situadas en los ejidos municipales donde se asientan bosques nativos, pertenecen exclusivamente a las respectivas municipalidades”, dice el artículo 1 del decreto que dos meses después sería derogado. A partir de su derogación (lo que impediría que hoy municipios vendan las tierras) fue que además el legislador del FpV se preguntó si esos títulos de propiedad que se entregaron tenían algún tipo de validez hoy.

El dasnevista Jerónimo García salió al cruce: luego de dar sus argumentos sobre el artículo 268, expresó que “desde la huelga de los dragones la culpa es de Das Neves en todo. Ahora Das Neves tiene la culpa que se le haya prendido fuego la provincia a esta manga de ineptos que no tuvieron ningún tipo de previsión. Esa ineptitud que está en todo lo que hacen”.

Agregó que el desenlace de los hechos dio cuenta de que el Gobierno Provincial “llegó tarde” y que no estaban las condiciones mínimas de equipamiento en maquinaria y en indumentaria para los brigadistas para poder afrontar la situación. Manifestó en esa dirección que hubo un “abandono” de parte del Gobierno Provincial.

Otro que fue crítico, del lado más opositor del Interbloque, fue Exequiel Villagra. Al igual que García responsabilizó a Buzzi por los hechos. “El Estado que tenía que defender nuestros bosques llegó tarde”. Dijo que no acompañaría los decretos del gobernador ya que la “Comisión de tierras va a autoinvestigar a funcionarios que tuvieron que ver con la entrega de tierras”.

En medio de todo el revuelo, estuvo el pedido sensato del diputado Héctor Trotta del FpV, solicitando no politizar el tema para ninguno de los dos lados.