La cúpula judicial dijo estar dispuesta al diálogo con las Cámaras, pero se mostró distante del Ejecutivo. Consensuarán la designación de conjueces.
En ese sentido, avanzaron con las autoridades de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías de ambas Cámaras. Tomaron contacto con el gobernador Celso Jaque -que telefónicamente confirmó a Tanús su disposición para volver al diálogo tras el cambio de postura- y con el presidente de la Suprema Corte, Alejandro Pérez Hualde.
Ayer existió un contacto telefónico entre Tanús y Pérez Hualde, quien dejó para la semana entrante su respuesta final a la invitación "luego de que la Suprema Corte se reúna para analizar el tema".
En Tribunales se dice oficialmente que "el Poder Judicial está siempre dispuesto al diálogo institucional" pero -sin mencionar al Ejecutivo- se subraya que "las conversaciones nunca se interrumpieron con la Legislatura".
El máximo tribunal mantiene un fuerte malestar con el Ejecutivo -al que acusa de "ofender y agraviar"-, duda de la efectividad de un diálogo tripartito "que ya se intentó y fracasó" y no deja de contemplar la posibilidad de limitarse a sostener una relación bipartita con el Legislativo.
A pesar de esto, la presidenta de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados, Silvia Cardozo, manifestó que "la semana próxima se realizarán las primeras reuniones". "No vamos a confrontar proyecto sobre proyecto sino que vamos a actuar por vía del consenso", destacó Tanus.
Sin embargo, en la Legislatura ya existen dos iniciativas contrapuestas: una impulsada por el Ejecutivo y presentada como proyecto de ley por el diputado justicialista Alejandro Viadana, que fortalece el rol del Ejecutivo en el proceso de designación de conjueces. Otra -aún no transformada por ningún legislador en proyecto de ley- impulsada por la propia Corte.
Propuestas
El proyecto de Viadana (y Carlos Bianchinelli) propicia una modificación a ley 7.294, regulando un nuevo procedimiento para el nombramiento de conjueces.
Deja expresamente establecido el requisito de tener aprobado un examen ante el Consejo de la Magistratura para poder acceder a la condición de conjuez (aun en circunstancias excepcionales), establece que la Suprema Corte enviará al Ejecutivo una nómina de treinta abogados en condiciones de ocupar el rol de conjuez y -sobre ese listado- permite al Ejecutivo elegir los diez abogados que participarán del sorteo público que efectuará la Corte para la designación final.
En tanto el "proyecto de ley" de la Suprema Corte modifica la Acordada 21.074 y establece que se "podrá designar conjuez remplazante al secretario o prosecretario del Juzgado cuya vacancia o licencia se cubre interinamente, siempre que reúna los requisitos constitucionales establecidos para desempeñar el cargo y no tuvieran antecedentes de sanciones disciplinarias ni sumarios en trámite".
Los intentos de recomposición de las relaciones entre el Ejecutivo y el Judicial muestran como "intermediario" al Legislativo como evidencian las llamadas telefónicas entre San Diego (Estados Unidos), donde se encuentra el gobernador Jaque; Mendoza -donde permanece el titular de Diputados, Tanus- y Buenos Aires -donde está hasta el lunes Pérez Hualde-.
En principio, los representantes del Ejecutivo en una eventual comisión tripartita, serían el secretario legal y técnico de la Gobernación, Fernando Simón y el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Carlos Quiroga Nanclares, ayer presentes en los anuncios sobre la "recomposición"entre los tres poderes.
"Queremos recuperar...fortalecer los canales de diálogo", destacó Quiroga Nanclares.
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