Ayer, en una extensa reunión de casi nueve horas de duración, la Legislatura tucumana avanzó en una serie de normativas, algunas teñidas por la polémica que fueron sofocadas por la abrumadora mayoría alperovista en el órgano parlamentario, mientras que otras atinentes a mejorar la calidad institucional de la provincia.

Respecto a este último punto, se homologaron las modificaciones impuestas a la Ley 8.197 que estipuló la creación del Consejo Asesor de la Magistratura en pos de otorgarle una mayor agilidad y dinamismo al proceso de selección de jueces para la cobertura de vacantes acéfalas en la judicatura local. Así, entre los puntos centrales en los que se sustanciaron los cambios se destacaron: Considerar al órgano colegiado, en lo atinente a los fines presupuestarios, como una organización separada o autónoma de los recursos destinados para utilización y gasto del Poder Judicial.

Además, se le otorgó al CAM la personalidad jurídica para el respectivo goce de legitimación procesal plena para actuar como actor demandado en las causas relativas que pudieran surgir en relación a su competencia material. A su vez, se instituye la potestad de los miembros pertenecientes a los representantes de los estamentos de abogados y magistrados del sur de la provincia (Concepción y Monteros) para su intervención en el dictado de la reglamentación interna del instituto.

Por otra parte, el nuevo articulado de la normativa estipula que se debe sustanciar un concurso de manera individual por cada cargo a cubrir, a diferencia de lo reglamentado anteriormente que remarcaba la puesta en práctica de concursos múltiples para los cargos acéfalos en una misma instancia o fuero.

En lo concerniente al sistema de puntuación, los legisladores determinaron que luego de la calificación aplicada a los antecedentes y concretada la prueba de oposición, los postulantes accederán a la entrevista con los consejeros si hubieran obtenido como mínimo 54 puntos en lugar de la exigencia de 60 puntos, previstos en un primer momento. En este aspecto, vale resaltar que en el examen la calificación que deben registrar los concursantes debe ser igual o superior a 27 puntos sobre una ponderación máxima en tal etapa de 55 puntos posibles.

En tanto, para evitar hipotéticos nuevos roces con el Poder Ejecutivo que condicionen el accionar del Consejo, se dispuso que todo concurso, en donde por lo menos tres postulantes no accedan a la entrevista final o bien el número de inscriptos fuera inferior al mismo guarismo, será declarado desierto. En esta misma línea y con el objeto de menguar la discrecionalidad en la elección de los futuros jueces por parte del Gobernador José Alperovich, se modificó la cantidad de postulantes a ser elevados a tal fin. De este modo, se procedió a la eliminación del quinteto inicial para ser suplantado por un trío. Sin embargo, se mantiene la facultad del Ejecutivo para prescindir del orden de mérito sin argumentar el porqué de esta decisión.

Finalmente, todas las modificaciones insertadas no serán aplicables a los concursos ya convocados y concretados.

El único parlamentario que votó en contra de esta disposición fue el laborista Osvaldo "Renzo" Cirnigliaro para quien "pretender hacer remiendos sobre algo que no funcionó nunca es peor y por ello pongo en tela de juicio a la figura del órgano", señaló.

¿Aumentos iluminados?

Uno de los tópicos que despertó objeciones de la plana opositora fue el relacionado con la declaración del estado de emergencia en el sistema de transporte de energía por distribución troncal en el ámbito provincial. Aquí, las principales refutaciones a la iniciativa estuvieron centradas, por un lado, en la contratación directa de obras, equipos y suministros para llevar a cabo el denominado "Plan Crítico". Pero, principalmente, la queja de los refractarios al alperovismo se materializaron en criticar el articulado que menciona la autorización al Poder Ejecutivo a crear cargos específicos adicionales a la tarifa de energía eléctrica, como instrumentos complementarios de contribución de recursos por parte de los usuarios. Ricardo Bussi calificó al proyecto como "impresentable" pues sostuvo que se trata de una "mentira que pretende crear un nuevo cargo otorgándole beneficios irresponsables a EDET".

Vale señalar también que dichos cargos específicos para el financiamiento en la ejecución de las obras no podrán exceder en su conjunto el tres por ciento de la tarifa a usuarios finales, quedando exentos de estos cargos aquellos usuarios con menores recursos económicos como ser los agrupados en las tarifas con la denominación T1R1 y T1R2. Asimismo, se habilitará al Gobierno de la provincia a contraer un empréstito con organismos de crédito como la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo o bien el Estado Nacional a los efectos de financiar la construcción de la Línea de Alta Tensión El Bracho-Villa Quinteros y la Estación Transformadora Los Nogales.

En defensa de la normativa, la exposición estuvo a cargo del presidente del bloque "Tucumán Crece", Roque Tobías Álvarez quien catalogó al proyecto como "prioritario" y cargó contra las voces críticas al sostener que "se quiere hacer creer a los tucumanos que se les meterá (sic) las manos en el bolsillo de manera impune, cuando en realidad hemos tomado la precaución de cuidar a los usuarios más comprometidos económicamente" (según el legislador serán alrededor de 142 mil consumidores que no realizarán el aporte).

Señaló que de producirse algún tipo de incremento en los montos monetarios reflejados en las boletas de energía, el ascenso rondaría entre los 0,90 y 1,20 pesos. Al mismo tiempo, Álvarez detalló el estado del sistema de distribución eléctrica de la provincia al demarcar que "muchos de nuestros transportadores están al borde del colapso y por eso es necesaria esta inversión", se sinceró el oficialista, quien, junto a sus pares, aprobaron la ley.

Desde la Caja de Previsión para Abogados defienden recursos que consideran genuinos: La extensa sesión legislativa de ayer encontró en algunos tópicos el ambiente apto para las dilaciones. Una de ellas tuvo como punto de partida el proyecto de ley impulsado por el legislador Carlos Canevaro para que se modifique la disposición de los saldos de dinero depositados en entidades bancarias habilitadas en razón de juicios que se tramitan o se tramiten en distintos juzgados de la provincia, que no tuvieran movimientos por un período de cinco años, y que son depositados en cuentas de la Caja de Previsión y Seguridad Social para Abogados y Procuradores de Tucumán, de modo que ahora puedan estar a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

La fuerte reacción de los dirigentes de la Caja y algunos planteos legislativos motivaron que por el momento la iniciativa retorne a comisión, para profundizar su análisis.

Absolutamente contrariados con la propuesta de Canevaro, Pedro Yane Mana y Carlos César Casal, presidente y secretario de la Caja de Previsión y Seguridad Social para Abogados y Procuradores respectivamente, no disimularon su malestar y admitieron como primer concepto que la naturaleza jurídica de los fondos en cuestión es absolutamente previsional para pagar jubilaciones y pensiones. Recordaron que la entidad tiene 58 años vida, y que con recursos propios aportados por sus 5.500 afiliados activos y 300 pasivos, se encarga de brindar beneficios como el pago de jubilaciones y pensiones, subsidios por fallecimientos, reintegro de obras social y ayuda solidaria.

Los dirigentes fueron terminantes al sostener que "no existe ninguna excusa ajustada a derecho que justifique que esos fondos se remitan a la Corte y no a la Caja. Por eso exhortamos a los legisladores a retirar este proyecto a los fines de que la Caja pueda continuar creciendo y brindar cada día más y mejores servicios