La idea de obligar a los dueños de boliches a instalar cámaras de seguridad en la entrada de los locales bailables nació en el bloque oficialista. Los propios legisladores del PJ redactaron el proyecto, negociaron su puesta en marcha con los empresarios de ese sector e impulsaron la sanción de la ley. Sin embargo, todo indica que esa norma no se va a aplicar.

Altas fuentes del alperovichismo en el Parlamento coincidieron en que el gobernador, José Alperovich, tendría decidido vetar la ley "diversión segura". Al parecer, dos son los motivos que llevarían al mandatario a truncar esta nueva disposición. Aunque los dueños de los boliches querían que la autoridad de aplicación fuera Defensa Civil, algo que el cuerpo concedió en la sesión del viernes, el Poder Ejecutivo no está dispuesto a ceder la participación del IPLA como ente de control, tal como estaba previsto en un principio. Además, siempre según varias fuentes oficiales, el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, le habría bajado el pulgar al plan formulado por los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse, José Teri y Fernando Juri. Cuentan que el funcionario no vio con buenos ojos que, sin haberle consultado, el PJ haya resuelto ese plan. Para colmo, es sabido que más de un parlamentario aspira a quedarse con su cargo, tarde o temprano.

Vargas Aignasse, presidente de la comisión de Seguridad y Justicia del cuerpo, fue uno de los principales impulsores de la ley "diversión segura". El ex diputado nacional es uno de los dirigentes peronistas en funciones que más se alejó de Casa de Gobierno en los últimos meses. El sistema de alarmas que reparte por los barrios para organizar la vigilancia vecinal es visto casi como una jugada artera en la sede del Poder Ejecutivo. Allí, no tienen dudas de que es una estrategia del dirigente oriundo de Villa 9 de Julio para quedarse con la cartera que comanda López Herrera.

Más allá de estas pujas políticas, la comisión de Seguridad y Justicia no tuvo problemas para darle dictamen al proyecto para instalar las cámaras en la entrada de los "establecimientos de esparcimiento nocturno" (incluye "locales bailables, confiterías bailables, discotecas, discos, salones, clubes y demás locales donde se realicen actividades bailables y/o similares, tanto en lugares cerrados como al aire libre"). Los empresarios, por esta disposición, están obligados a guardar durante un año las filmaciones. Estas, además, tienen carácter confidencial: sólo pueden ser exhibidas por orden de un juez para la investigación de un delito. Se contempló también que los equipos deben comenzar a registrar imágenes una hora antes de que abra el boliche, y sólo se pueden apagar una hora después del cierre. Las sanciones prevista para quienes incumplan estas disposiciones van desde la clausura del negocio por 30 días hasta el pago de multas equivalentes a 5.000 litros de nafta súper. Cuando se elaboró el proyecto, se estipuló que el ente de control fuese el IPLA. Pero esto se cambió a último momento.

El jueves, un grupo de propietarios de boliches y organizadores de fiestas se reunió con la comisión de Seguridad y Justicia del cuerpo (además de Vargas Aignasse, Teri y Juri, la integran los alperovichistas Marcelo Caponio, Gregorio García Biagosch y José León; y la radical Silvia Elías de Pérez). Los empresarios aceptaron correr con los costos de instalación de los equipos, pero se quejaron porque consideraron que el IPLA realiza las inspecciones de modo arbitrario, y propusieron que Defensa Civil (organismo que depende del Ministerio de Seguridad Ciudadana) fuera el ente de control. Los parlamentarios tomaron nota del planteo, y efectuaron esa modificación en el recinto, el viernes.

Vargas Aignasse, en la sesión, recordó delitos graves que se perpetraron fuera de boliches, y consideró que si hubiesen existido cámaras en la puerta la investigación hubiera sido mucho más ágil. "Los empresarios adoptaron una postura generosa; podrían haber dicho que discutirán judicialmente la norma, que no tienen que hacerse cargo de la seguridad en las calles; sin embargo, aceptaron correr con los gastos", indicó. Juri, más tarde, relató la modificación que habían planteado los empresarios. "Las cámaras no van a solucionar los problemas, pero sí servirán como aporte para mejorar la situación", acotó. Teri añadió: "los que tenemos hijos adolescentes nos vamos a sentir mucho más tranquilos". García Biagosch, en tanto, manifestó que lo valioso que sería obtener la aprobación unánime de la norma.

Los opositores le dieron el visto bueno. Salvo Ricardo Bussi (FR), quien remarcó que esa tarea le corresponde a López Herrera. "Tenemos que llamar aquí al ministro para exigirle explicaciones", exclamó.

Vargas Aignasse cuestionó su postura, y aseguró que estaba llevando al recinto "diferencias mayoritariamente heredadas". La Justicia Federal determinó, en 2008, que el padre del republicano, el fallecido represor Antonio Domingo Bussi, había sido el autor del homicidio del padre del ex diputado, Guillermo Vargas Aignasse, durante la dictadura militar. Pese a estos argumentos, el opositor se mantuvo firme en su postura y puso el único voto negativo.

Sin embargo, hubo otros legisladores que no alzaron la mano al momento de la votación. Y fueron, justamente, los más cercanos a Casa de Gobierno: Caponio y Guillermo Gassenbauer (hijo del ministro de Coordinación, Jorge Gassenbauer). En el registro oficial, pese a esto, figura que avalaron el proyecto de Vargas Aignasse.

Mientras se debatía el proyecto de ley, las versiones sobre que el gobernador y el ministro de Seguridad Ciudadana le habían bajado el pulgar a la iniciativa comenzaron a tomar fuerza. Sobre todo, cuando se borró al IPLA del texto y se colocó a Defensa Civil. En ese momento, Caponio y Gassenbauer salieron del recinto. Regresaron poco antes de la votación.

Fuentes del alperovichismo indicaron que ni Alperovich ni López Herrera estarían dispuestos a ceder la participación del ente cuya misión es luchar contra las adicciones. La disputa política con el dirigente de Villa 9 de Julio, a quien no quieren darle más protagonismo, también sería una razón de peso. "¿Cabe alguna duda de que van a vetar la ley?", afirmó un parlamentario cercano al Poder Ejecutivo. "Esta historia ya tiene un final", agregó otro. Un peronista manejaba las mismas versiones. "Es una lástima, porque es un buen plan", se quejó.

Estas posibilidades se confirmarán cuando se publique el Boletín Oficial. Allí se verá si el gobernador decide promulgar la ley de manera íntegra -lo que obligaría a los empresarios a instalar las cámaras dentro de los siguientes 90 días-; o si el mandatario realiza un veto parcial o total. Pero, mientras tanto, la sanción de esta norma significó más de un encontronazo dentro del bloque oficialista.