La iniciativa fue impulsada por el gobernador De la Sota y prevé una suma eqiuivalente a dos veces el haber jubilatorio mínimo, alrededor de 3 mil pesos.
La iniciativa, presentada por el presidente provisorio de la Legislatura, el justicialista Carlos Alesandri, fue impulsada por el gobernador José Manuel De la Sota durante una reunión mantenida a principios de marzo con las asociaciones defensoras de los derechos humanos y de ex presos políticos de Córdoba.
La norma contó con el respaldo de los legisladores de Unión por Córdoba y fue rechazada en un tenso debate por los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), Frente Cívico y Social (FCyS) y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).
El subsidio es una suma equivalente a dos veces el haber jubilatorio mínimo previsto por la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros (alrededor de 3.000 pesos) con carácter de no contributivo, personal, mensual, vitalicio e inembargable a todos "aquellos ciudadanos que hubieran permanecido detenidos por más de un año" en la provincia.
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