La pulseada política por la polémica contratación de una consultora para que colabore en la recaudación de impuestos provinciales suma un nuevo impedimento. Ayer, bajo la atenta mirada de los trabajadores de Rentas nucleados en Sitea, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley por el que se suspende el llamado a licitación por 180 días.

En la mañana de hoy se espera que la Cámara de Diputados debata la sanción definitiva de esta norma que pospondría el proceso hasta principios de enero, cuando ya haya un nuevo gobierno provincial.

El destino de esta norma es aún una incógnita, pero el mensaje político que encierra es pesado para el Ejecutivo: la media sanción fue alcanzada con el voto afirmativo de todos los senadores oficialistas.

Este revés propinado por el propio peronismo legislativo al plan impulsado por Celso Jaque y algunos de sus funcionarios más cercanos, como Alejandro Cazabán, se suma a otros que ya tuvo en los últimos días: los diputados aprobaron por unanimidad hace una semana un proyecto declarándose en contra de la iniciativa (lo que puede anticipar el resultado de hoy) y encumbrados funcionarios del gabinete, incluidos los integrantes de la fórmula del PJ para la gobernación, se manifestaron en contra de la idea.

La sesión del Senado arrancó pasado el mediodía. Pero desde temprano, Víctor Dagfal y sus seguidores pululaban por la Legislatura, buscando una salvación que detuviera lo que ellos denominan una privatización de la recaudación impositiva provincial.

Al inicio de la sesión, el senador radical Juan Carlos Jaliff, candidato a vicegobernador, tiró un salvavidas que fue ovacionado por los trabajadores de la Dirección General de Rentas: un proyecto de ley por el que se deroga el artículo 2 del decreto 989, que es el que da inicio al proceso de licitación para contratar a una consultora que colabore con el cobro de impuestos.

De acuerdo a los fundamentos de Jaliff, el pliego de licitación excede las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo, puesto que el cobro de impuestos es una "facultad delegada a Rentas y este decreto afecta no sólo los impuestos vencidos, sino también los a devengar. Además de que el 30% de comisión también se toma de la masa coparticipable a los municipios, así como también se viola el secreto impositivo y el hábeas data".

Entonces, desde el oficialismo se pidió un cuarto intermedio de una hora. La hora se transformó en casi dos horas y el PJ bajó al recinto con una propuesta: en lugar de la derogación del artículo 2, el justicialismo ofreció la suspensión.

Es que la derogación de un decreto gubernamental parecía hacer crujir el andamiaje institucional y los del PJ no querían sentar un precedente difícil de explicar. "La única que tiene la potestad de bajar un decreto por inconstitucional es la Suprema Corte", repetían los senadores del PJ.

Incluso desde el mismo radicalismo, el autor de la iniciativa original sostenía que no podía derogarse un decreto emitido por el Poder Ejecutivo. Por eso se había establecido como estrategia derogar un sólo artículo del decreto, el que aprueba el pliego de bases y condiciones del llamado a licitación, por entender que en ese documento se estaba avanzando sobre atribuciones que son propias de Rentas para otorgárselas a un privado.

Volviendo a la crónica de los acontecimientos, el argumento legal no implicaba una negativa a darle una satisfacción a los trabajadores de Rentas. Por el contrario, podrían haber hecho caer la sesión por falta de quórum, pero los senadores volvieron a sus bancas con la voluntad de tratar y aprobar la propuesta de la suspensión.

Finalmente, se acordó aprobar una suspensión de 180 días, cuando el gobierno electo en octubre ya estaría en funciones. En la votación, hubo 35 votos afirmativos y ninguno negativo, todo un mensaje teniendo en cuenta de que apoyaron todos los senadores oficialistas en contra de una medida impulsada por Jaque.