Todo sigue sin cambios. Ayer las comisiones de Reforma del Estado y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado arrancaron, en conjunto, con el análisis de la modificación de la Carta Magna, tal como lo pretende el justicialismo, mientras que en Diputados se apuran las posiciones para que, en la mañana de hoy, se acuerde la metodología de trabajo para compatibilizar las leyes de la reforma política, tal como lo quiere la UCR y el PD. Nada ha cambiado y, tal parece, toda la discusión caerá en saco roto y nada se modificará, a no ser que alguno de los dos bandos baje sus pretensiones.

Todo sigue igual. En la reunión de los senadores, el radical Juan Carlos Jaliff ratificó que la decisión de los herederos de Leandro Alem es rechazar cualquier intento de reforma constitucional, atentos que creen que no hay clima institucional para debatir en paz. "Daremos quórum en el trabajo de comisiones, por respeto a los legisladores", dijo Jaliff.

Igual es la posición del PD, en boca de Carlos Aguinaga, el mismo argumento del radical Jaliff acerca del quórum de funcionamiento conjunto de ambas comisiones, pero aclarando que históricamente su partido ha sido partidario de reformas constitucionales muy acotadas "no más de diez puntos", por lo que el proyecto de ley para declarar la reforma que remitió el Poder Ejecutivo era excesivo para la prudente voluntad de cambio que exhiben los demócratas.

Y desde el oficialismo todo sigue igual también. Empujar y empujar la propuesta del gobernador Francisco Pérez. Tal es la voluntad puesta en juego por parte del oficialismo, que el senador del PJ Fernando Simón (una de las principales espadas del reformismo justicialista), cuando escuchó a Aguinaga decir lo de las reformas acotadas que el PD podría llegar a escuchar, inmediatamente pidió que los demócratas clarificaran qué estarían dispuestos a reformar y qué no.

Tan igual sigue todo, que se esperaba que el PJ desgastara al resto de los partidos con una interminable ronda de consultas a sectores académicos y de la sociedad civil, con la esperanza de que el reclamo generalizado de todos los que quieren una reforma, termine quebrando la resistencia de los que sostienen el No: PD, UCR y el Pro.

Un radical decía en secreto: "Ahora nos van a traer hasta a caciques de pueblos originarios para convencernos", pero la idea es mantenerse firmes en este camino que hoy recorren junto a los demócratas, con quienes comparten la necesidad de cambiar las reglas de juego electorales.

Y esta ronda empezaría con la visita de tres constitucionalistas, que el PJ espera convocar la semana que viene y hasta esas tres personalidades son un puñalada dirigida a la UCR: Se trata de Carlos Egües, Gabriela Ábalos y Víctor Ibañez, todos cercanos al radicalismo.

Y hasta en este punto las cosas siguen igual. Es que el justicialismo sabe de la tradición reformista del radicalismo. De hecho, todos los gobernadores de esa fuerza intentaron reformar la Constitución. Así es que ayer Simón repetía: "(Julio) Cobos decía que quienes no quieren la reforma son los que quieren mantener privilegios para algunos. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación y lamento que el ex gobernador radical haya cambiado de idea".

En la Cámara de Diputados la situación era otra. Si bien se esperaba que ayer se iniciaran los aprontes para el tratamiento de las leyes de la reforma política, no pasó nada. El presidente de la Cámara Baja Jorge Tanús, dijo que en la reunión de Labor Parlamentaria de hoy se fijarán algunos criterios para ese tratamiento, aunque veía la cuestión un tanto "confusa".

La semana pasada parecía que habría despacho conjunto para todas las leyen en debate (Desdoblamiento y Boleta única, Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias -conocidas como PASO- y financiamiento de las campañas). Ayer, Tanús flaqueaba al respecto.

Para explicar de qué se trata: Despacho conjunto implica que todas las leyes se tratan y aprueban como una sola y eso supone que pasen igual al Senado y, según parece, el PJ quiere aprobar algunas sí y otras no. Concretamente, la que molesta es la del financiamiento de las campañas por el Estado.

Con las cuentas en rojo, que el Estado pague las campañas de todos los partidos resulta un tanto difícil para el oficialismo. Desde el radicalismo alguien recordó: "Ni en pedo las PASO sin financiamiento. Va a pasar como en provincia de Buenos Aires: los únicos que hicieron campaña fueron Scioli y De Narváez". Se trata de que el apoyo económico se concentra y también condiciona la marcha del futuro gobierno. "Les doy la derecha en eso" decía ayer Tanús. Pero el despacho conjunto condiciona el tratamiento.