En una sesión que prácticamente adquirió el título de una mera formalidad, la Legislatura provincial aprobó los pliegos para la cobertura de cuatro cargos que se encontraban acéfalos en la administración de justicia tucumana.

En tal sentido, en una operativa que no demandó más de 30 minutos, los parlamentarios se aprestaron a dar acuerdo a los postulantes para cubrir tres defensorías Oficiales en el Fuero penal, en la Capital y una Vocalía de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común de Concepción.

De esta forma, María Alicia Toledo, Guillermo Gustavo González y María Marta Contreras Cuenca, serán los nuevos defensores oficiales en lo Penal, de la IV, VII y VIII Nominación, respectivamente, en tanto que María José Posse, asumirá como vocal de Cámara en el sur tucumano.

Además, el cuerpo deliberativo aprobó un proyecto de ley a partir del cual se aprobó la transferencia por parte del Ejecutivo al Instituto Nacional de Servicios Sociales de un terreno cuyas dimensiones oscilan los 5.500 metros cuadrados ubicado en Viamonte y Ecuador (Campo Norte).

El toque de emoción si se quiere de la jornada fue dado por el fastidio del republicano Ricardo Bussi, quien se retiró ofuscado de la sala de sesiones al no contar con lo posibilidad de expresarse puesto que se había acordado anteriormente que se suprimirían tanto el período de Homenajes y Manifestaciones Generales, para imprimirle una mayor celeridad a la reunión de por sí express.