Neuquén > A través de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Hacienda, la Legislatura provincial aprobó ayer un despacho por mayoría del proyecto de ley que establece un aumento salarial del 19 por ciento promedio para los trabajadores del Poder Judicial. El incremento tendrá sanción en la sesión de hoy, prevista para las 16, dado que los diputados pedirán su tratamiento sobre tablas.

Al tema le precedió un debate entre los legisladores centrado en el artículo quinto del proyecto. Los cuestionamientos de los bloques opositores al Movimiento Popular Neuquino (MPN) se centraron en que ese articulado establecía que los fondos previstos para el aumento salarial (55 millones de pesos) debían surgir de un decreto del Poder Ejecutivo provincial. Advirtieron que no iban a aprobarlo de esa manera, dado que lo entendían como una interferencia de poderes al acuerdo que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estableció con el gremio Sejun.

Finalmente, se aprobó un despacho por minoría sin modificaciones y otro por mayoría con un cambio en la redacción del artículo quinto, el cual estableció que los recursos para el aumento salarial “se aprobará con la asistencia financiera que el Poder Judicial gestionará ante Poder Ejecutivo Provincial, quedando el TSJ facultado a efectuar las reestructuraciones y modificaciones presupuestarias que correspondan”.

Debate

En el plenario de comisiones se hizo presente la administradora del Poder Judicial, Sandra Valle, quien al ser consultada por los diputados respecto a si existe un acuerdo con el gobierno provincial respecto de dónde saldrán los fondos, ésta respondió que un “convenio firmado no” pero sí el compromiso del Gobierno a hacer frente al incremento.

Valle indicó que el TSJ no puede con su presupuesto asumir esta suba, que se planteó un incremento de la coparticipación que recibe este poder autárquico y que si bien los recursos propios de la Justicia aumentaron un 30 por ciento por el cobro de tasas, esto no alcanza para asumir compromisos como el acuerdo salarial que se estableció con Sejun.

Allí surgió el tema de la Ley de Autarquía. El diputado de Libres del Sur, Jesús Escobar, indicó que “el reparto de la torta debe ser revisada” y planteó una “alarma” acerca de “la constante obligación que tiene el Poder Judicial de recurrir auxilio financiero al Ejecutivo para hacer frente a los aumentos salariales otorgados al personal”. “Esto se ha convertido ya en una práctica habitual, en la que media una instancia de negociación asimétrica y en desigualdad de condiciones entre los dos poderes del Estado, lo que significa una clara alteración en la independencia de los distintos poderes”, consideró.

El presidente del bloque del MPN, José Russo, dijo que no se puede pensar en una hipotética modificación de la Ley de Autarquía porque “el presupuesto no le alcance al Poder Judicial” y recordó que la masa salarial de la Justicia se incrementó un 79% desde 2010 a la fecha, superando los aumentos en el Poder Ejecutivo (60%) y los índices de inflación (63%).

Daniel Baum, diputado de Unión Popular y presidente de la Comisión de Hacienda, señaló que el problema es que la Provincia percibe una coparticipación muy por debajo de lo que marca la ley (eso se traslada a la Justicia que recibe un porcentaje de manera automática) y es “muy difícil” incluir aumentos salariales en los presupuestos porque estos últimos se discuten después de sancionado el cálculo de ingresos y egresos.

El aumento

El proyecto de aumento salarial contempla un incremento promedio del 19 por ciento retroactivo al 1 de abril para el personal judicial y contempla tres categorías de incremento: por un lado, una suba porcentual del salario básico y de los adicionales previstos por ley; por otro, una elevación a 1.189 pesos de una asignación especial que cobran los judiciales desde 2004.

Y por último, un aumento con sumas variables por escala para otra remuneración no bonificable creada en el 2000.

En noviembre hubo incremento

El último aumento salarial que recibieron los empleados judiciales había sido en noviembre del año pasado, a partir de un acuerdo por el que se estableció un incremento escalonado en dos cuotas. Una del cinco por ciento que lo percibieron en septiembre y otra de 8 desde el mencionado mes de noviembre.