La salida propuesta por el vicegobernador Racconto fue avalada por el resto de las autoridades de las cámaras. Así, se busca evitar el veto que prepara el gobernador Jaque. Aunque está en discusión la validez de la medida. Proponen revisar el 82% móvil de los jueces.
La norma les permitía acceder a haberes equivalentes al 82% de la dieta de senadores o diputados en actividad, con sólo dos años en el cargo "y un mínimo de 20 años de aportes" de cualquier tipo.
La decisión de cajonear la ley fue adoptada por las autoridades de las dos cámaras "y los presidentes de la mayoría de los bloques", según se informó. Implica retener en la Legislatura una ley aprobada en ambas cámaras, demorando su envío al Ejecutivo y -por tanto- evitando el veto que tiene preparado el gobernador Celso Jaque (ver aparte).
El archivo de la ley se transformó así en un virtual "congelamiento del proceso de formación de una norma legal" que durará hasta que -después del uno de mayo y tras comenzar el período ordinario de sesiones- un nuevo proyecto de ley la derogue o -lo más probable- la incluya dentro de otra iniciativa similar, pero más amplia, que -además de los legisladores- incluya "a otros sectores sociales". El tema del 82% móvil está presente hoy en las discusiones paritarias con los empleados públicos y ya beneficia a jueces, maestros y policías.
"La Legislatura tiene madurez democrática y predisposición de los legisladores para retroceder y corregir errores", dijo Racconto, mostrándose visiblemente interesado en que el tema quedara "resuelto" en la Casa de las Leyes y evitara el veto del Ejecutivo. También se inclinó por "un nuevo diseño y un nuevo estudio que contemple otras demandas" para "garantizar que la mayor cantidad de mendocinos sea beneficiado".
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, dijo: "Hemos resuelto el archivo de este expediente tan polémico en conjunto con las autoridades del Senado y los presidentes de bloque de la mayoría de los partidos políticos que le dieron aval favorable a las dos medias sanciones. Como entendimos que ésta ha sido una decisión que ha generado tanto malestar en la opinión pública, vamos a ordenar inmediatamente el archivo".
En línea con el argumento de las reacciones públicas, Tanús llegó a decir que "si hay algún régimen (jubilatorio) que genera rechazos lo revisaremos". Al mismo tiempo disparó un misil dirigido a Tribunales: "Si el privilegio de los jueces genera descontento tendremos que reverlo".
Panorama
Las decisiones legislativas se conocieron ayer, a través de dos conferencias de prensa ofrecidas en una Legislatura despoblada de legisladores visibles, "ocupada" por periodistas y sobresaturada de contactos telefónicos entre autoridades de las cámaras y de los bloques legislativos.
Las caras de los anuncios se ciñeron al Vicegobernador y a la presidenta provisional del Senado, Miriam Gallardo, junto al titular de Diputados.
En medio, a lo largo de la mañana circularon chicanas de todo tipo. Por un lado, operadores legislativos buscaron concentrar la responsabilidad de la ley aprobada apuntando tanto a su autor, el cobista Andrés Marín, como a quien propuso su tratamiento sobre tablas, el peronista Luis Ruzo.
Por otro, los "identificados" intentaron diluir la responsabilidad entre la totalidad de los legisladores. "Soy medio pelotudo porque fui el único que firmé" (la iniciativa), confesó Marín. "Si algo se trata sobre tablas no sólo es porque alguien lo propone sino porque el resto está de acuerdo en que se trate", subrayó un vocero de Ruzo.
Puestos en la dura disyuntiva de optar entre mostrarse "incautos" o "corresponsables", los senadores demócratas Carlos Aguinaga, Aldo Giordano, Nelly Gray y Ernesto Corvalán optaron por lo primero: denunciaron haber sido "engañados" por una "maniobra fraudulenta" que permitió "la aprobación vergonzante" de un proyecto "desconocido para la mayoría de los integrantes del cuerpo".
Desde el Senado de la Nación, el propio vicepresidente Julio Cobos no dejó de pronunciarse: "Mientras el 82 por ciento móvil no pueda asegurarse a todos los trabajadores en condiciones de jubilarse, los representantes de los ciudadanos no deben beneficiarse con una ley de esta características", dijo. Consideró que "lo más indicado es que los legisladores reconsideren la ley".
En el ámbito gremial, la reacción frente a la aprobación de la ley de jubilación legislativa, logró unanimidad de rechazo. Desde el SUTE -un gremio que cuenta con el beneficio del 82%- la secretaria general, Josefina Orozco, subrayó que "no corresponde que quienes tienen que dirigir los destinos legislativos de la provincia tengan privilegios superiores a los de todo el pueblo, ya que hay jubilados que cobran haberes miserables de 800 pesos".
En la misma línea, la titular de ATE, Raquel Blas, enfatizó: "Me gustaría exigir a los legisladores que ellos mismos den marcha atrás con esto, hasta que el último jubilado argentino no haya recuperado el 82% móvil".
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