La Legislatura analizará en agosto la designación que ingresó ayer de Gloria Martina como jueza de cámara de Zapala. La postulante es la única que finalizó el concurso para el cargo convocado por el Consejo de la Magistratura hace casi un año. En el medio, debió afrontar un pedido de jury por su rol actual como jueza de Familia y Juicios Ejecutivos de la misma localidad, que finalmente se desestimó.

El Consejo de la Magistratura presentó ayer la acordada en la que postulan a Martina como titular de la Cámara de Todos los Fueros de Zapala. El documento lleva la firma de todos los integrantes del organismo salvo Hugo Acuña, quien se prepara para asumir como presidente del Tribunal de Cuentas.

Por el receso invernal, el pliego de Martina recién podrá tomar estado parlamentario y ser girado a comisión en la sesión legislativa del 25 de julio. Esos plazos postergan la entrevista de los diputados a la postulante hasta principios de agosto, lo que demorará aún más la conclusión de un concurso que está próximo a cumplir el año de extensión.

Puntaje

La candidata obtuvo el primer lugar en un certamen del Consejo de la Magistratura en el que desertaron los otros dos participantes, Gabriela Calaccio y Fabián Tangorra Egler. Su valoración final alcanzó los 58,34 puntos.

El concurso para la Cámara de Zapala se extendió por más de diez meses por la presentación de un jurado de enjuiciamiento contra Martina, que se desestimó en mayo de este año. Participaron como jurados en esa instancia los diputados Pamela Mucci (Frente y la Participación) y Darío Mattio (MPN). El legislador emepenista también integra la comisión de la Legislatura que entrevistará a la magistrada. Además, Mattio votó en otro pedido de enjuiciamiento contra Martina con una serie de observaciones a su desempeño como titular del Juzgado de Familia de Zapala. Si bien respaldó que se desestime el jury, indicó que su conducta en el cargo fue “irregular” y que “no contribuye a generar la confianza que los neuquinos debemos tener en nuestros jueces”, según consta en el Acuerdo Nº 263, de mayo de este año. Ese caso se originó a partir de una acusación del ex intendente de Zapala Edgardo Sapag por no haber desalojado el municipio durante una protesta.