Hasta los diputados peronistas votaron un proyecto radical que pide al gobierno de Jaque anular la contratación de una consultora. Dicen que la recaudación no puede quedar en manos de un privado.
Si bien la resolución es una expresión de deseo y no reviste obligación alguna para el Gobierno, el documento adquiere relevancia ya que pasó a ser la voz generalizada de los legisladores que integran la Cámara baja. Como condimento extra, el bloque oficialista dio libertad de acción a sus integrantes. "Hubo libertad y cada uno votó en consecuencia. Hay cuestiones que no están claras, lo que hace que no se deba avanzar con esta licitación", subrayó el justicialista Raúl Rodríguez, presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la cámara.
El peronista Darío Casado, titular del bloque Eje Peronista que responde a Omar Félix, fue lapidario: "Dejar en manos privadas (Rentas) es una barbaridad. ¿Quién controlará los contubernios que puede haber entre privados (el que cobra y el que paga)? Por algo la Constitución otorga al Estado el derecho a fijar los gravámenes y cobrarlos".
Desde Sitea, el gremio estatal que inició los reclamos, consideraron esa decisión legislativa una victoria pero sostienen que fue sólo una batalla más de una extensa guerra. "Por eso no nos dormimos y seguimos en la lucha", indicó Víctor Dagfal, titular del sindicato.
Dentro del plan de lucha fijado, los trabajadores de Rentas recurrirán a la Justicia para obtener una medida cautelar que congele la licitación. Por estas horas están terminando el escrito y, si es posible mañana, van a presentar el amparo, confió Dagfal.
En el proyecto de declaración solicitan al Ejecutivo que "deje sin efecto el llamado a la licitación" apelando a la "cláusula de discrecionalidad incluida en el pliego de condiciones que rige dicha contratación". El argumento que se esgrime es que la determinación de contratar una empresa privada es "extemporánea" y se contrapone a lo normado en el artículo 46° de la Ley N° 7314 de Responsabilidad Fiscal, por no ajustarse al artículo 35°de la Ley N° 3909 de Procedimiento Administrativo y porque no se adapta a los artículos 17° y 20° de la Ley N° 3799 de Contabilidad.
Básicamente apuntan a que el mandato de Jaque está por concluir y su decisión afectará a la próxima gestión.
El oficialista Rodríguez sostuvo que la decisión de los legisladores de su bloque de acompañar el proyecto no es otra cosa que "actuar con coherencia". El diputado recordó que, luego del veto al fondo estímulo que pretendían los agentes de Rentas, "legisladores, el gremio y el Ejecutivo trabajaron en conjunto en una nueva norma que presentó el Gobierno para su tratamiento y se aprobó por unanimidad en las dos cámaras. Si veníamos trabajando en un sentido, es coherente apoyar esto", remató en referencia al reclamo de Sitea.
El demócrata Antonio Spezia dijo que "mientras más se acerca" el final de la gestión, los legisladores del PJ "parece que actúan conforme a lo que creen y no por obediencia debida".
Dejando de lado la ironía, Spezia remarcó que la contratación de la consultora "es indefendible" y, después de haberlo dejado en punto muerto por dos años, "de golpe aparecen ahora".
En el radicalismo siguieron la línea trazada desde que se conoció la propuesta. Andrés Marín no pasó por alto que "la fórmula (Iglesias-Jaliff) ha tenido una postura contundente y si somos gobierno ya adelantaron que lo van a tirar para atrás". Para el presidente del bloque radical, "el marco jurídico es discutido y el marco político de consenso no existe".
Los legisladores confirmaron también que trabajan en una norma para "impedir que la recaudación quede en manos de privados". Por otra parte, Sitea organizó para mañana una asamblea debate e invitó a los principales candidatos para que se expidan sobre el tema.
Estarán presentes Guillermo Carmona (PJ), Graciela Cousinet (Frente Socialista) y referentes del PD, entre otros.
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