Entre los motivos que enumeran en un documento que hicieron circular por diferentes ámbitos está que el sistema ha sido contratado y pagado a una empresa privada por el propio Poder Ejecutivo cuando debiera haberlo sido por la Justicia Electoral y sin injerencia por parte del gobierno de turno, tal como lo establece la Constitución Provincial.

También denuncian que como se implementa actualmente se impide el control y comprobación de cualquier proceso electoral ya que no dejan a las fuerzas políticas contar los votos ni en el escrutinio provisorio que se realiza el día de la elección ni en el escrutinio definitivo.

Dicen que tampoco existe una garantía concreta que asegure que el sistema no puede ser adulterado, así como no se deja a la ciudadanía ni a los partidos políticos conocer el código fuente del software, dato clave para iniciar una auditoria. Otra objeción que plantean es que las máquinas que se usan no están homologadas ni verificadas por las autoridades correspondientes y no se puede verificar que las copias del software utilizado en todas las escuelas sean concordantes y no hayan sido manipuladas.

Por último señalan que "el sistema permite, mediante tecnologías muy sencillas, conocer el voto en el momento de ser emitido, violando el derecho al secreto de los ciudadanos". Los legisladores opositores indicaron también que "ninguna de las consultas y sugerencias realizadas para ofrecer transparencia y certeza al sistema han sido recibidas ni por el gobierno ni por el Tribunal Electoral, que debiera mantener la distancia suficiente para lograr el equilibrio de las fuerzas políticas en el conocimiento y control del sistema". Además remarcan que "sistemas similares han sido eliminados en los últimos años de países como Alemania, Holanda, Estados Unidos e Irlanda por su fragilidad e imposible fiscalización".

"No sólo queremos expresar nuestra preocupación sino, también, alertar a la ciudadanía salteña sobre esta situación, entendiendo que es nuestro principal deber resguardar la transparencia y fidelidad de la expresión de los salteños al momento de votar, como pilar fundamental de nuestra democracia", expresaron.

Por último señalaron que de ser necesario seguirán las vías judiciales provinciales, nacionales e internacionales para asegurar la transparencia del proceso electoral en Salta ya que concluyeron que "el día que un gobierno pueda manipular o modificar, bajo cualquier sistema, el voto de un ciudadano, habremos retrocedido 100 años, a la penosa época donde el fraude electoral era moneda corriente".

Los firmantes del documento son los 5 diputados del bloque del Frente Salteño, los 2 del PPS, los del bloque del Partido Conservador Popular, los de Salta Somos Todos, la de Identidad Renovadora, la senadora radical Silvina Vargas y los concejales Aroldo Tonini, Raúl Medina, Ariel Burgos, Lucrecia Lambrisca y Martín Pérez Estrada.