Joaquín Rodríguez abrió el debate y el efecto dominó no tardó en llegar. El decreto 868 que emitió la semana pasada Francisco Pérez poniendo un límite del 25 por ciento a los aumentos de los funcionarios del Ejecutivo e invitando a adherir a los del Poder Legislativo levantó polvareda entre los diputados, senadores y empleados con cargos político que trabajan en la Casa de las Leyes.

Concretamente, ambas Cámaras aseguran estar "en un brete político y judicial" y no resuelven aún si adherirán o no a la iniciativa que tomó el gobernador para calmar los ánimos del sector Salud. "Estamos casi seguros de que vamos a dejar afuera a los empleados enganchados; es decir, a aquellos cargos de clase 13, 14 y 15, directores, secretarios, subsecretarios y asesores ya que tienen todo el derecho de reclamar por sus derechos adquiridos", explicó el titular de la Cámara Baja, Jorge Tanús.

Esto es porque, por ley (después de arreglar con la Administración Central un 25 por ciento), a los cargos legislativos le correspondería un 33 por ciento en las simulaciones si se tienen en cuenta una serie de ítems especiales para este tipo de empleados públicos. El problema, además radica en que no existe todavía un consenso de diputados y senadores para adherir al decreto o quedar fuera de la propuesta de la Gobernación.

La simulación que hizo Tanús, con bonos de sueldos en mano, fue la siguiente: "Actualmente, el presidente de una Cámara, en este caso, yo, cobra 11.980 pesos. Con un incremento del 33 por ciento, mi salario ascendería a 15.900 pesos mientras que con un 25 por ciento quedaríamos en 14.900, es decir, una diferencia de mil pesos". El panorama, afirma Tanús, es complejo y se está debatiendo en Labor Parlamentaria donde además de buscar un acuerdo entre legisladores se discute la herramienta jurídica.

"Aparentemente hay un problema jurídico. No creo que alcance con una resolución de la Cámara", advirtió Tanús. El presidente del bloque de Diputados de la UCR, Néstor Parés, agregó: "Es un tema totalmente engorroso. Como partido aún estamos debatiendo y no hemos tomado una postura. Hemos charlado informalmente, pero no hemos llegado a un acuerdo". El legislador radical, confesó como abogado que "estamos en un brete".

Desde el Senado, en tanto, aseguraron que "el clima no es el mejor" y apuntaron al decreto de Pérez. "Para hacerlo debió de haber modificado la ley. Es complejo hablar de una disminución voluntaria a través de un decreto pero entendemos que lo hizo en medio de la presión de los gremios de la salud", explicó un senador oficialista que prefirió no dar su identidad para "no complicar más las cosas". Por su parte Tanús, remarcó que "son muy malos los sueldos políticos si se los compara con el de un juez o un cargo nacional", y agregó: "Es muy desproporcionado. Romano gana 55 mil pesos", agregó.

En los tres partidos hay discrepancias. Esto es porque algunos legisladores no quieren resignar mil pesos y otros sí. "En el oficialismo no tenemos mucho margen de discutir. Estamos obligados porque es una decisión del gobernador pero nos ha metido en un problema político y jurídico", expresó un diputado del PJ.

Sin embargo tanto el Senado como Diputados se tomarán una semana, como mínimo, para consensuar la decisión que, por estas horas, genera mucho malestar e internas dentro de los mismos bloques. Lo que está casi consensuado es que los empleados de la Legislatura quedarán afuera de la adhesión.

Hay que tener en cuenta que por diputado y senador hay, como mínimo, un asesor y un secretario. "Creemos que a ellos no los vamos a tocar pero ahora estamos evaluando cómo dejarlos fuera", reconoció Tanus. Mientras que Parés puntualizó: "Somos un poder aparte y con autonomía".

La Legislatura no es el único organismo que puso la lupa en la cuestión judicial. La semana pasada, ni bien se conoció el decreto de Pérez, la secretaria general de ATE, Raquel Blas, aseguró: "Ha sido una cuestión publicitaria y una nueva tomada de pelo para los ciudadanos". Pero además la secretaria general del gremio aseguró que "esto no puede hacerse ya que hay una ley que dejaría sin efecto esa parte del decreto".

"El enganche del sueldo del Gobernador es a través de la ley 5.811. La verdad es que no quiero creer que estamos en manos de un gobernador que desconoce cosas fundamentales de la negociación salarial", explicó Blas, quien agregó: "Con este decreto pasará que cualquier funcionario va a interponer una nota donde contraponga al decreto al texto de la ley. Esta notita irá a Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado, que indicarán que el decreto no es válido". Sin embargo, el Gobierno se agarró del decreto 1.350/04 emitido por Cobos.

A las críticas de los gremios le puso el pecho el titular de Hacienda, Marcelo Costa, quien disparó: "¿Quién va a objetar la decisión del gobernador? ¿Ellos?", dijo Marcelo Costa defendiendo la iniciativa de Pérez. "Para que sea ilegal, como dice Blas, alguien tiene que venir y plantear la ilegalidad", agregó. Respecto a la decisión del Gobernador, el titular de Hacienda expresó: "Pérez tiene la facultad de decidir. Yo les garantizo que ningún funcionario va a plantear que le corresponde cobrar el 40 por ciento", desafió.