La operación sospechada es una contratación de 42 millones de pesos para que una empresa que vende impresoras, Digital Copiers, se ocupe de fabricar 3,5 millones de credenciales para los beneficiarios del subsidio.

Ese contrato se hizo en apenas 48 horas y la empresa elegida fue la única que cumplió con los requisitos que se reclamaban desde la administradora de los fondos jubilatorios. La Anses ya empezó a recibir las primeras libretas, pero, a raíz de la investigación periodística que reveló las irregularidades, decidió cancelar el acto en el que pensaban presentar al documento en sociedad.

El reclamo al titular de la Anses fue impulsado por la diputada Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica, pero de inmediato se sumaron sus aliados radicales, como el presidente del bloque de la UCR, Oscar Aguad. CC